Enriquecimiento injustificado

En mi artículo anterior me referí a la tan llevada y traída "declaración de bienes" de funcionarios y, ahora, de candidatos presidenciales.

Incorporé algunas normas vigentes que sustentan la ilegalidad que representa la forzada confidencialidad de las mismas.

Mencioné la Ley 59 de 1999, que aparte de regular el hoy artículo 304 de la Constitución Nacional, desarrolla normas que tienen que ver con la corrupción administrativa.

El enriquecimiento injustificado es una forma de corrupción y "tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probablemente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen".

Igualmente se aplica cuando no pueda justificar la extinción de obligaciones.

He dicho muchas veces que Panamá no está como está, en materia de corrupción, por falta de leyes.

La arriba mencionada ley, como muchas otras, ofrecen a entidades como la Contraloría General, la facultad para actuar de oficio o ante denuncia de parte, para iniciar las investigaciones que diluciden y condenen actos de corrupción de parte de funcionarios públicos.

El asunto es que ésta y muchas otras leyes sobre la materia son letra muerta, y la Contraloría General y otras instituciones parecen hacerse de la vista gorda, simplemente, para favorecer amigos o copartidarios que no pueden, ni ayer, ni hoy, ni nunca, justificar el patrimonio que declaran, mucho menos el que no.

Se vuelven, luego de su tránsito por los cargos públicos, en misterios económicos, jamás vuelven a trabajar y sólo sabemos de ellos por la vida que llevan, por los bienes que ostentan y por gastar dinero, sin jamás haber sido empresario conocido, menos exitoso, o afortunado heredero.

Como dice Ricardo Martinelli, simplemente, "entran ricos y salen millonarios.

" Avalo la propuesta de que todos los candidatos a presidente declaren pública y debidamente certificado por un CPA, su patrimonio.

No meras declaraciones en escrituras, que bien pueden dejar por fuera gran parte del mismo.

La candidata del PRD lo ha hecho y dice valer dos millones de dólares, entre una cosa y la otra.

Impresionante cantidad, para los que hemos pasado décadas trabajando y asumiendo riesgos en negocios y profesiones y que sabemos lo que hay que trabajar para llegar a acumular -los que lo han hecho- semejante valor patrimonial, limpio de polvo y paja, como dicen.

Como complemento, valdría la pena que publique, igualmente, la que tuvo que hacer al iniciarse como Ministra de Vivienda y la que hizo luego de dejado el cargo, hace unos meses.

Entonces veremos si entró millonaria y salió millonaria y se despejarían, en su beneficio, muchas dudas y especulaciones.

De nada sirve hablar de transparencia si no se predica con el ejemplo.

Para muestra, veamos en lo que ha quedado la ex patria nueva, en donde hasta las estatuas caminan.