Antai sanciona a servidores públicos de Panamá Oeste por atentar contra el código de ética

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a dos funcionarios de la provincia de Panamá Oeste por atentar contra el Código de Ética de los Servidos Públicos.

Una de las implicadas es la representante del corregimiento de Burunga, Lohanniz Gaitán, quien fue denunciada por contar con personal asignado en la Junta Comunal que incumplía con sus labores.

Según la entidad, la investigación reveló que los informes mensuales presentados por estos colaboradores carecían de supervisión formal como firmas o evidencias que avalan las actividades reportadas, es decir, no existía registro de que el personal estuviese cumpliendo con su trabajo.

“Esta falta de control y supervisión refleja una negligencia administrativa y una vulneración del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que exige actuar con diligencia y responsabilidad como lo haría un buen administrador de sus propios bienes”, detalla el escrito.

La Antai señala que esta omisión de información afecta la transparencia y pone en riesgo el correcto uso de los recursos públicos, dañando la confianza ciudadana.

Las pruebas recabadas durante la investigación demuestran que Gaitán vulneró cuatro artículos (1, 4, 8 y 24) del Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004 que establece el Código de Ética de los Servidores Públicos.

Asimismo, se penalizó al vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos García, por presuntamente tener familiares trabajando bajo su supervisión.

La denuncia contra esta falta fue presentada de manera anónima y la investigación pudo constatar que durante varios meses personas cercanas a Ríos García laboraron en la Alcaldía, lo que, de acuerdo con el ente fiscalizador, configura un claro conflicto de intereses.

“Esta situación afecta la objetividad y transparencia en sus decisiones administrativas incumpliendo los principios de imparcialidad y equidad”, afirma el comunicado.

El Municipio de Arraiján, desde el año pasado, ha estado envuelto en múltiples polémicas; una de ellas, involucraba a Ríos García por supuestamente beneficiarse de un préstamo por el monto de $9,800.

Aunque, en su momento, las autoridades negaron que se hubiera hecho el desembolso de dicha transacción, los residentes iniciaron un proceso de revocatoria de mandato en contra de la alcaldesa Stefany Peñalba por supuestamente utilizar su cargo para beneficiar a terceros.