En el caso del vertedero municipal de Macaracas, el ministro informó que este se mantendrá operativo de momento, pero ya se están ejecutando las adecuaciones.
El administrador de ACODECO, Ramón Abadi, informó que varios comerciantes están siendo objeto de procesos por incumplir con el precio establecido en el agua.
El Ministro de Ambiente dijo que a partir de este jueves se aplicarán las sanciones correspondientes, que en esta fase regional alcanzan los $9,900 por empresa.
El vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos García, y la representante del corregimiento de Burunga, Lohanniz Gaitán, son los implicados.
Los promotores estiman que la mayor concentración de venta se ubicará en las viviendas que van desde 60,001 hasta 80,000 dólares.
Recién se archivó una iniciativa que buscaba penalizar la lotería clandestina, práctica que, de acuerdo con los billeteros, ha mermado sus ventas.
Desde 2017 la empresa mantiene investigaciones abiertas en la institución.
El empresario de nacionalidad extranjera fue esposado y conducido por unidades de la policía y puesto a órdenes de las autoridades competentes para su sanción,
Las autoridades precisaron que lograron detener a seis embarcaciones, las cuales transportaban miles de libras de pesca acumuladas durante los últimos 10 días.
También se trabaja en un proyecto de ley para sancionar legalmente a los compradores no autorizados.
Durante el operativo se detectó la venta de licor como actividad secundaria o principal, sin contar con un aviso de operación vigente y el informe alcaldicio.
De lo que ocurra en las próximas semanas dependerá la marcha de la economía de un país golpeado por las sanciones internacionales.
Las secuelas de estos delitos pueden ir desde ansiedad y trastornos alimenticios hasta problemas de depresión.
Se comprobó a partir de la documentación proporcionada por la UMIP y el Comité Electoral Universitario que se vulneró el principio de legalidad.
A partir de 2025 se retomarán los operativos presenciales.
La veda busca proteger a esta especie y restringe su caza en zonas pobladas, áreas protegidas, fincas privadas sin autorización y dentro de 2 kilómetros.
Exigen que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Sertracen refuercen los operativos a nivel nacional para evitar estas irregularidades.
La iniciativa incluye también la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”.
Las multas oscilan entre 250 y 5,000 dólares, dependiendo de factores como la ausencia de dispositivos, fallas mecánicas o eléctricas.
Residentes afirman que reprimir a los animales es una forma de maltrato y propicia el abandono de mascotas.
