Las autoridades precisaron que lograron detener a seis embarcaciones, las cuales transportaban miles de libras de pesca acumuladas durante los últimos 10 días.
También se trabaja en un proyecto de ley para sancionar legalmente a los compradores no autorizados.
Durante el operativo se detectó la venta de licor como actividad secundaria o principal, sin contar con un aviso de operación vigente y el informe alcaldicio.
De lo que ocurra en las próximas semanas dependerá la marcha de la economía de un país golpeado por las sanciones internacionales.
Las secuelas de estos delitos pueden ir desde ansiedad y trastornos alimenticios hasta problemas de depresión.
Se comprobó a partir de la documentación proporcionada por la UMIP y el Comité Electoral Universitario que se vulneró el principio de legalidad.
A partir de 2025 se retomarán los operativos presenciales.
La veda busca proteger a esta especie y restringe su caza en zonas pobladas, áreas protegidas, fincas privadas sin autorización y dentro de 2 kilómetros.
Exigen que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Sertracen refuercen los operativos a nivel nacional para evitar estas irregularidades.
La iniciativa incluye también la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”.
Las multas oscilan entre 250 y 5,000 dólares, dependiendo de factores como la ausencia de dispositivos, fallas mecánicas o eléctricas.
Residentes afirman que reprimir a los animales es una forma de maltrato y propicia el abandono de mascotas.
El país se mantiene en el listado de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Las multas oscilan entre 1,000 y 5,000 dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción.
En 2023, el país fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ecuador, Perú y Chile, al igual que la Unión Europea, catalogan a Panamá como 'un paraíso fiscal'.
El proyecto tendrá tres meses de prueba y durante este tiempo se verificará y se enviarán las notificaciones a los conductores infractores.
La decisión obedece a la reciente inclusión de siete naves con bandera panameña en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Las autoridades venezolanas detuvieron recientemente a cuatro estadounidenses, dos españoles y un checo, por una supuesta operación terrorista.
Las multas van desde los 1,000 hasta los 5,000 dólares, y en caso de reincidencia el monto se duplicará.
