Equilibrar la balanza: cómo proteger derechos laborales sin ahogar a las empresas

El derecho laboral en Panamá nació con un propósito fundamental: proteger al trabajador frente a las asimetrías que existen en la relación con su empleador. Esa función sigue siendo esencial y debe mantenerse firme. Sin embargo, la realidad nos demuestra que, en ocasiones, este principio puede desviarse y convertirse en un incentivo para demandas infundadas que más que buscar justicia, terminan siendo un mecanismo de presión contra las empresas.

Hoy en día, las compañías enfrentan un escenario complejo. Por un lado, deben cumplir de manera estricta con la normativa laboral, lo cual es incuestionable. Pero, al mismo tiempo, se ven obligadas a destinar recursos, tiempo y capital humano en procesos judiciales que, en muchos casos, carecen de sustento real. Aunque finalmente estas demandas sean desestimadas, el daño ya está hecho: costos económicos, desgaste administrativo y un impacto en la reputación que afecta tanto la imagen interna como externa de la organización.

La situación se vuelve aún más delicada en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con la misma capacidad financiera que una multinacional. Un litigio prolongado puede poner en riesgo su continuidad e incluso provocar cierres que terminan afectando a los mismos trabajadores que se busca proteger. En el caso de las multinacionales, la consecuencia suele ser otra: dudas sobre si expandir operaciones o mantener inversiones en un país donde la seguridad jurídica se percibe frágil.

La justicia laboral debe avanzar hacia un modelo más equilibrado. Proteger al trabajador es vital, pero también lo es evitar que las empresas se vean expuestas a abusos que generan un clima de incertidumbre. Demandas temerarias o maliciosas deberían recibir un tratamiento riguroso, no solo para salvaguardar a las compañías, sino también para fortalecer la confianza en las instituciones. Un sistema laboral equilibrado no debilita derechos, los consolida bajo reglas claras y justas para ambas partes.

No podemos dejar toda la responsabilidad en manos de los tribunales o del Estado. Las empresas tienen también un rol protagónico. Contar con contratos bien estructurados, políticas internas claras, programas de cumplimiento y capacitación continua no solo reduce la posibilidad de conflictos, sino que también construye relaciones laborales más sanas y transparentes. Asimismo, promover una cultura organizacional basada en la comunicación abierta y el respeto permite anticiparse a los problemas y resolverlos antes de que escalen a un litigio. La prevención, en este sentido, se convierte en el mejor antídoto contra la conflictividad laboral.

La transformación digital también debe llegar a la justicia laboral. Procesos más ágiles, plataformas tecnológicas modernas y mayor transparencia en los trámites permitirían reducir tiempos, costos y sobrecarga de casos. Con un sistema más eficiente, tanto empleadores como trabajadores tendrían respuestas más rápidas y justas, lo que redundaría en un entorno de mayor estabilidad.

Panamá necesita construir un marco laboral moderno y equilibrado. Uno en el que los derechos de los trabajadores estén protegidos, pero en el que también se garantice la seguridad jurídica de quienes generan empleo y apuestan por la inversión. El desafío no es menor: se trata de lograr que el derecho laboral cumpla su función protectora sin convertirse en un obstáculo para el crecimiento empresarial. Solo alcanzando este balance podremos fortalecer el tejido productivo del país, atraer nuevas inversiones y asegurar que tanto trabajadores como empleadores crezcan de la mano, bajo un sistema de justicia confiable, eficiente y justo.