Reconozco que no sólo la administración de justicia ha sido afectada con el escandaloso tema de los "Varela Leaks", también es justo reconocer que la propia administración pública, llámese Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y Órgano Judicial, así como la sociedad civil, los partidos políticos y sectores productivos del país también han sido salpicados con este bochornoso caso, dejando entre sí, una estela de incertidumbre y falta de credibilidad en gobernantes y gobernados.

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Lo que ha vivido el pueblo panameño en las últimas semanas no puede soslayarse y quedar en una simple publicación en medios de comunicación. Aquí, en este terruño que nos vio nacer y a usted también, hay que tomar las decisiones que la ley y las normas no exigen a todos. Varios son los delitos que distintos abogados explican que se cometieron con estos "Varela Leasks". Esto no debe entenderse de ninguna manera lo que nos ocurrió a muchos panameños que fuimos víctimas de una persecución. Aquí hay toda una conspiración y violaciones a los derechos fundamentales que no pueden quedar por alto.

Por ejemplo, como es posible que en el marco de este escándalo se haya informado que entre el ex presidente Juan Carlos Varela y sus cercanos colaboradores se hayan prestado para obligar a empresarios a cerrar negocios, a crear mecanismos de dependencia en la Asamblea Legislativa con beneficios, prebendas y planillas con el fin de mantener la manipulación de un cuerpo legislativo a sus caprichos y desmanes. Hay que recordar que la propia Constitución de la República de Panamá nos habla acerca de la separación de los poderes del Estado, pero que trabajan en armónica colaboración y no en armónica conspiración.

El daño que se la ha hecho al sistema de justicia en Panamá es gravísimo, veamos un ejemplo, se dijo que de enero a octubre, sólo este año, se incorporaron 63 mil 19 nuevos expedientes haciendo un gran total de 152 mil 206 expedientes por resolver. Este hacinamiento judicial es inaudito porque conlleva una serie de injusto encarcelamiento de miles de panameños y extranjeros que esperan que sus procesos se agilicen. Hay que reconocer que esta cifra fuera mayor si no existiera el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Uno de los mayores hacinamientos en el sistema judicial se da en la esfera civil, sencillamente porque de los 10 mil 888 expedientes que se incorporaron en este año solamente se resolvieron 853 casos. En esta esfera civil se registraron 14 mil 529 expedientes sin resolver. Estos casos representan una muestra de que el sistema colapsó, porque sencillamente los magistrados y jueces estaban atendiendo solicitudes y requerimientos de un ex mandatario obsesionado por su sed de venganza.

En este artículo podré referirme a cada una de las áreas del sistema judicial con problemas de excedente de expedientes tanto en los juzgados especiales, juzgados de Circuito de lo Penal, Juzgados de Familia, entre otros, y no terminaríamos por la cantidad existente. No obstante, es importante señalar que no podemos estar enviando un mensaje equivocado de falta de justicia o de certeza de castigo, naturalmente respetando las garantías fundamentales de todas las personas señaladas en la comisión de un delito, sean este del Gobierno pasado, donde según sus detractores no se respetó el debido proceso y por eso hay un gran descontento y falta de credibilidad en las instituciones democráticas.

A manera de percepción hay una aceptable impresión de la población panameña hacia los recienten designados magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Al menos estos nuevos magistrados tendrán la dicha y oportunidad de reemplazar a tres nefastos miembros del Órgano Judicial (Harry Díaz, Abel Zamorano y Jerónimo Mejía) de muy mala y pésima recordación por sus decisiones y fallos sumisos al gobierno de Varela. Hay una luz en el camino y naturalmente todo dependerá de la labor que desarrollen los nuevos magistrados.

En síntesis, lo que estamos viendo con los llamados "Varela Leaks" sólo podemos compararlo con los grandes escándalos como los Panamá Papers, y otros más que antecedieron a los "Varela Leaks", por la complejidad y lo ignominioso. Es deber de todos los panameños que se vieron afectados presentar sus reclamos y denuncias, porque contrario a lo que ellos en otrora pregonaban acerca de la certeza de castigo, ahora es cuando podemos decir: "que se de una verdadera certeza de castigo, pero respetando todas las garantías que ofrece el Estado panameño a los investigados".