GAFI: una verdadera pesadilla
- Richard W. Rahn*
- - Actualizado: 12/9/2002 - 11:00 pm
Aunque parezca increíble, un organismo internacional trata de impedirnos que podamos defendernos de los delincuentes y criminales; exige que los abogados, contadores, corredores de bienes raíces, banqueros, empleados de las joyerías y vendedores de automóviles se conviertan en espías; y planea compartir toda la información financiera nuestra con todos los gobiernos, incluyendo a Irak, Libia, Siria y Cuba.
Ese organismo internacional se llama Grupo de Acción Financiera (GAFI o Financial Action Task Force, en inglés) y fue originalmente formada por el G-7, los principales países industrializados, para recomendar la manera de reducir el lavado de dinero. Actualmente está compuesto por funcionarios de 31 países, burócratas que no han sido elegidos por nadie y quienes en su afán de amasar poder ignoran los derechos civiles de la gente, incluyendo el derecho a la privacidad.
Recientemente GAFI emitió un documento que está siendo utilizado por los países con altos impuestos y por otros gobiernos para violar los derechos civiles de sus ciudadanos y para obligar a los países pequeños, bajo toda clase de amenazas, a ceder su soberanía. El fondo de las propuestas de GAFI es negarle a cualquier habitante del planeta, como también a las organizaciones y empresas, toda privacidad financiera. Para lograr ese objetivo exige el intercambio de toda la información financiera que manejan los gobiernos y obligar, bajo amenaza de sanciones, a las naciones pequeñas a comprometer su soberanía.
Pero el intercambio de la información en manos de los gobiernos no resulta suficiente para GAFI porque, en su opinión, algunos gobiernos no recolectan toda la información requerida. Por ejemplo, las naciones que no tienen impuesto sobre la renta no recolectan estadísticas sobre el ingreso de sus ciudadanos y GAFI insiste en obtener esa información.
Por otra parte, como no es "políticamente correcto" asumir que los gobiernos de algunos países están compuestos de delincuentes y que otros fomentan el terrorismo, GAFI no hace distinción alguna en cuanto a la distribución de la información entre los diferentes gobiernos ni impone límite alguno sobre el uso que se le dará a esa información.
GAFI exige que los abogados, contadores, corredores de inmuebles y vendedores de objetos caros, como joyas y autos, reporten las actividades "sospechosas" de sus clientes. En Estados Unidos y en otros países, ese espionaje por parte de personas que no pertenecen a los cuerpos de policía o de seguridad es ilegal e inconstitucional. Pero a GAFI no le preocupan tales menudencias.
A principios de septiembre, David Burton, director ejecutivo de la coalición de fundaciones de estudios públicos, en contestación a GAFI declaró: "la privacidad financiera puede impedir que los secuestradores identifiquen a víctimas acaudaladas. La privacidad financiera permite a la gente proteger sus ahorros de gobiernos que confiscan la riqueza de los ciudadanos... y la mayoría de los gobiernos es capaz de abusar de la información financiera privada".
A GAFI le importa poco el altísimo costo de sus propuestas, especialmente en relación a los supuestos beneficios. Confunde la efectividad con la recolección de información innecesaria y no sólo parece ignorar las nuevas tecnologías, sino que más bien muestra hostilidad hacia ellas.
Por ejemplo, intenta restringir drásticamente las transferencias electrónicas de dinero y el uso de tarjetas inteligentes porque alguien puede usarlas para lavar dinero. Lo que no toman en cuenta es que una alta proporción de los delitos tiene que ver con el robo de dinero en efectivo. Es mucho más difícil robar el dinero electrónico, por lo que en lugar de entorpecerlo debieran fomentarlo por su eficiencia y seguridad.
Las propuestas de GAFI resultarán en millones de robos innecesarios y decenas de miles de crímenes que podrían evitarse, sólo para hacerle ligeramente más difícil el lavado de dinero a unos pocos delincuentes.
GAFI está poniendo en peligro nuestras libertades, nuestro bolsillo y nuestras vidas, pero insiste en inadecuada supervisión. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia está supuesto a supervisar a GAFI, pero no se está cumpliendo con esa obligación. Parece que a nuestros funcionarios les interesa más viajar a París y a Bruselas para tomar buen vino y comer bien que proteger a la ciudadanía de los inventos peligrosos de esa nueva burocracia internacional.
El 11 de septiembre sucedió en parte porque se estaba recolectando demasiada información sobre muchísima gente, en lugar de concentrarse en los pocos que realmente representan un peligro. Pero GAFI no ha aprendido nada.
*Presidente de Novecom Financial y académico asociado del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
Ese organismo internacional se llama Grupo de Acción Financiera (GAFI o Financial Action Task Force, en inglés) y fue originalmente formada por el G-7, los principales países industrializados, para recomendar la manera de reducir el lavado de dinero. Actualmente está compuesto por funcionarios de 31 países, burócratas que no han sido elegidos por nadie y quienes en su afán de amasar poder ignoran los derechos civiles de la gente, incluyendo el derecho a la privacidad.
Recientemente GAFI emitió un documento que está siendo utilizado por los países con altos impuestos y por otros gobiernos para violar los derechos civiles de sus ciudadanos y para obligar a los países pequeños, bajo toda clase de amenazas, a ceder su soberanía. El fondo de las propuestas de GAFI es negarle a cualquier habitante del planeta, como también a las organizaciones y empresas, toda privacidad financiera. Para lograr ese objetivo exige el intercambio de toda la información financiera que manejan los gobiernos y obligar, bajo amenaza de sanciones, a las naciones pequeñas a comprometer su soberanía.
Pero el intercambio de la información en manos de los gobiernos no resulta suficiente para GAFI porque, en su opinión, algunos gobiernos no recolectan toda la información requerida. Por ejemplo, las naciones que no tienen impuesto sobre la renta no recolectan estadísticas sobre el ingreso de sus ciudadanos y GAFI insiste en obtener esa información.
Por otra parte, como no es "políticamente correcto" asumir que los gobiernos de algunos países están compuestos de delincuentes y que otros fomentan el terrorismo, GAFI no hace distinción alguna en cuanto a la distribución de la información entre los diferentes gobiernos ni impone límite alguno sobre el uso que se le dará a esa información.
GAFI exige que los abogados, contadores, corredores de inmuebles y vendedores de objetos caros, como joyas y autos, reporten las actividades "sospechosas" de sus clientes. En Estados Unidos y en otros países, ese espionaje por parte de personas que no pertenecen a los cuerpos de policía o de seguridad es ilegal e inconstitucional. Pero a GAFI no le preocupan tales menudencias.
A principios de septiembre, David Burton, director ejecutivo de la coalición de fundaciones de estudios públicos, en contestación a GAFI declaró: "la privacidad financiera puede impedir que los secuestradores identifiquen a víctimas acaudaladas. La privacidad financiera permite a la gente proteger sus ahorros de gobiernos que confiscan la riqueza de los ciudadanos... y la mayoría de los gobiernos es capaz de abusar de la información financiera privada".
A GAFI le importa poco el altísimo costo de sus propuestas, especialmente en relación a los supuestos beneficios. Confunde la efectividad con la recolección de información innecesaria y no sólo parece ignorar las nuevas tecnologías, sino que más bien muestra hostilidad hacia ellas.
Por ejemplo, intenta restringir drásticamente las transferencias electrónicas de dinero y el uso de tarjetas inteligentes porque alguien puede usarlas para lavar dinero. Lo que no toman en cuenta es que una alta proporción de los delitos tiene que ver con el robo de dinero en efectivo. Es mucho más difícil robar el dinero electrónico, por lo que en lugar de entorpecerlo debieran fomentarlo por su eficiencia y seguridad.
Las propuestas de GAFI resultarán en millones de robos innecesarios y decenas de miles de crímenes que podrían evitarse, sólo para hacerle ligeramente más difícil el lavado de dinero a unos pocos delincuentes.
GAFI está poniendo en peligro nuestras libertades, nuestro bolsillo y nuestras vidas, pero insiste en inadecuada supervisión. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia está supuesto a supervisar a GAFI, pero no se está cumpliendo con esa obligación. Parece que a nuestros funcionarios les interesa más viajar a París y a Bruselas para tomar buen vino y comer bien que proteger a la ciudadanía de los inventos peligrosos de esa nueva burocracia internacional.
El 11 de septiembre sucedió en parte porque se estaba recolectando demasiada información sobre muchísima gente, en lugar de concentrarse en los pocos que realmente representan un peligro. Pero GAFI no ha aprendido nada.
*Presidente de Novecom Financial y académico asociado del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
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