... el sistema de nombramiento de su Directiva y el manejo político de estos dos órganos de gobernanza aseguran la impunidad tanto de sus actos como del incumplimiento de requisitos tan básicos como rendir informes anuales propios...
Los requisitos para ser miembro de la Directiva, no requieren mucho más, por lo que la militancia o fanatismo ideológico en un sindicato, partido político o gremio valen mucho más que experiencia y conocimiento. Foto: Archivo.
Si bien formas divinas de serena perfección solo existen en obras de arte, entre otras, la escultura sublime y perfecta del "David" de Miguel Ángel, lo cierto es que ese último martillazo sobre su mármol, momento culminante y eternizado, no existe en los documentos constitutivos de la Caja de Seguro Social (CSS), como su Código de Ética, el Reglamento Interno de su Junta Directiva, o su Ley Orgánica (Ley 51 de 2005), precisamente porque sus fines no son una culminación apoteósica definitiva sino una expresión cambiante de desarrollo circunstancial.
Su ley orgánica consta de 4 Títulos, 13 capítulos y 251 artículos, todos amparados bajo el marco constitucional panameño (Título III); mientras que el Reglamento interno de su Directiva contiene 8 capítulos y 53 artículos, siendo parte de esa maraña de 35 normas y reglamentos que conforman el laberinto burocrático institucional de la Caja, que más que ayudar, estorban a su buen funcionamiento y dificultan el cumplimiento de sus objetivos.
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Estos documentos establecen que sus órganos superiores de gobierno se conforman por dos componentes jerárquicos: primero, una Junta Directiva, que suma doce miembros representativos de 5 entes: tres de empleadores; cuatro de trabajadores; uno de profesionales y técnicos de la salud; uno de pensionados; finalmente, tres de funcionarios del gobierno (Ministro de Salud, Ministro de Economía y Finanzas y el Contralor General), todos supuestamente nombrados escalonadamente por 5 años por el Órgano Ejecutivo nacional, salvo los ministros que fungen "ex officio" ; segundo, un Director General escogido por la Junta Directiva, nombrado igualmente por el presidente de la República por 5 años, fiscalizado y controlado por la Directiva.
Los requisitos (Art. 25 de ley orgánica) para ser miembro de la Directiva, aparte de ser ciudadano panameño en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no requieren mucho más (ni siquiera edad mínima), garantizando la mediocridad, no la excelencia, en la escogencia de los directores, por lo que la militancia o fanatismo ideológico en un sindicato, partido político o gremio valen mucho más que experiencia y conocimiento en administración de seguros, ciencias actuariales y financieras, manejo de fondos y pensiones, gerencia de servicios hospitalarios, etc., credenciales lógicas y profesionales pero inexistentes actualmente, necesarias para desempeñar las 23 facultades y deberes que la ley asigna a la Junta Directiva de esta enorme empresa aseguradora estatal.
A pesar de no formar parte de la Carrera Administrativa, mientras los directores ocupen cargos directivos en la CSS, sus actos como funcionarios públicos sí están sujetos a todas las normas y parámetros legales panameños aplicables: como mínimo, el Código Administrativo (Libro II, Título VI); la Constitución (Título XI "Los servidores públicos") y la fiscalización de la Contraloría General de la República, entre muchos otros.
Pero el sistema de nombramiento de su Directiva y el manejo político de estos dos órganos de gobernanza aseguran la impunidad tanto de sus actos como del incumplimiento de requisitos tan básicos como rendir informes anuales propios, o recibir los de la Junta Técnica Actuarial, o del Banco Nacional sobre el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), o los informes trimestrales del Director General sobre reservas financieras y rendimientos de inversiones, etc., casi todos en mora actualmente.
Es hora de poner la Caja en orden, comenzando por profesionalizar su Directiva y reducirla a nueve miembros; fortalecer la mano del Director General como contrapeso a la Directiva; enfrentar con determinación la degeneración patológica de su burocracia; acabar con el manejo político y clientelista de sus finanzas y administración; y castigar todo incumplimiento administrativo, cuando menos.
Economista y exdirector de una compañía de reaseguros.
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