Gobernanza institucional de la Caja de Seguro Social

Si bien formas divinas de serena perfección solo existen en obras de arte, entre otras, la escultura sublime y perfecta del "David" de Miguel Ángel, lo cierto es que ese último martillazo sobre su mármol, momento culminante y eternizado, no existe en los documentos constitutivos de la Caja de Seguro Social (CSS), como su Código de Ética, el Reglamento Interno de su Junta Directiva, o su Ley Orgánica (Ley 51 de 2005), precisamente porque sus fines no son una culminación apoteósica definitiva sino una expresión cambiante de desarrollo circunstancial.

Su ley orgánica consta de 4 Títulos, 13 capítulos y 251 artículos, todos amparados bajo el marco constitucional panameño (Título III); mientras que el Reglamento interno de su Directiva contiene 8 capítulos y 53 artículos, siendo parte de esa maraña de 35 normas y reglamentos que conforman el laberinto burocrático institucional de la Caja, que más que ayudar, estorban a su buen funcionamiento y dificultan el cumplimiento de sus objetivos.

Estos documentos establecen que sus órganos superiores de gobierno se conforman por dos componentes jerárquicos: primero, una Junta Directiva, que suma doce miembros representativos de 5 entes: tres de empleadores; cuatro de trabajadores; uno de profesionales y técnicos de la salud; uno de pensionados; finalmente, tres de funcionarios del gobierno (Ministro de Salud, Ministro de Economía y Finanzas y el Contralor General), todos supuestamente nombrados escalonadamente por 5 años por el Órgano Ejecutivo nacional, salvo los ministros que fungen "ex officio" ; segundo, un Director General escogido por la Junta Directiva, nombrado igualmente por el presidente de la República por 5 años, fiscalizado y controlado por la Directiva.

Los requisitos (Art. 25 de ley orgánica) para ser miembro de la Directiva, aparte de ser ciudadano panameño en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no requieren mucho más (ni siquiera edad mínima), garantizando la mediocridad, no la excelencia, en la escogencia de los directores, por lo que la militancia o fanatismo ideológico en un sindicato, partido político o gremio valen mucho más que experiencia y conocimiento en administración de seguros, ciencias actuariales y financieras, manejo de fondos y pensiones, gerencia de servicios hospitalarios, etc., credenciales lógicas y profesionales pero inexistentes actualmente, necesarias para desempeñar las 23 facultades y deberes que la ley asigna a la Junta Directiva de esta enorme empresa aseguradora estatal.

A pesar de no formar parte de la Carrera Administrativa, mientras los directores ocupen cargos directivos en la CSS, sus actos como funcionarios públicos sí están sujetos a todas las normas y parámetros legales panameños aplicables: como mínimo, el Código Administrativo (Libro II, Título VI); la Constitución (Título XI "Los servidores públicos") y la fiscalización de la Contraloría General de la República, entre muchos otros.

Pero el sistema de nombramiento de su Directiva y el manejo político de estos dos órganos de gobernanza aseguran la impunidad tanto de sus actos como del incumplimiento de requisitos tan básicos como rendir informes anuales propios, o recibir los de la Junta Técnica Actuarial, o del Banco Nacional sobre el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), o los informes trimestrales del Director General sobre reservas financieras y rendimientos de inversiones, etc., casi todos en mora actualmente.

Es hora de poner la Caja en orden, comenzando por profesionalizar su Directiva y reducirla a nueve miembros; fortalecer la mano del Director General como contrapeso a la Directiva; enfrentar con determinación la degeneración patológica de su burocracia; acabar con el manejo político y clientelista de sus finanzas y administración; y castigar todo incumplimiento administrativo, cuando menos.

Economista y exdirector de una compañía de reaseguros.