Hacia una justicia confiable

¿Quién en la vida no ha invocado la justicia en alguna oportunidad? Constituye savia en nuestro existir. Mucho se ha dicho y escrito, por lo que existen muchas concepciones en torno a ella. Se ha expresado que el amor a la justicia, en la mayoría de los hombres, no es más que el temor a sufrir la injusticia; otros que piensan que la justicia es muchas veces la máscara de la ira; que la justicia no es imparcial y que los imparciales dejan de serlo al ser partidarios de la justicia; que se es sólo justo en el momento preciso, toda justicia que tarda es injusticia; que se necesita mucha fuerza para mantener la balanza equilibrada entre tanta gente que se esfuerza para inclinarla a su favor; y así pudiéramos aquí permanecer llenando cuartillas transcribiendo cuantos pensamientos se han formulado en torno a la justicia. Lo cierto es que la mayoría de los seres humanos desean que se castiguen los delitos, pero no cuando somos culpables.
Lo que sí es un hecho evidente es que una sociedad sin justicia sucumbe. Y
la justicia no se logra con la retórica; son los hechos los que dan fe de su existencia o inexistencia. Siempre, desde que fuimos infantes, nos llamó enormemente la atención que la justicia fuese representada por una dama ciega. Con el tiempo comprendí su importancia: de eso depende la independencia. ¿Es nuestra justicia, la panameña, independiente? Pues pareciera que no. No podemos realmente aseverarlo con toda responsabilidad pero lo que sí podemos afirmar es que la justicia panameña es de sospechada dependencia, parcialidad e ineficacia así como desacreditada frente a la población y con alto grado de desconfianza.
El desprestigio y falta de credibilidad de nuestra justicia es abrumadora. La presunta subordinación de los funcionarios que imparten justicia a otros intereses hace imposible la existencia de la justicia. Nunca olvidamos, por el efecto tan impactante que nos causó, que durante la pasada Administración Pública un personaje muy relacionado a ella me expresó que él controlaba la justicia del país, lo que le confería una alta cuota de poder. Y lo peor, para estupor mío, es que no eran meras jactancias, sino cierto. En sus oficinas presuntamente se elaboraron los cuadros de cómo quedarían conformadas las diferentes instancias del Organo Judicial. No divulgamos su nombre, por razones obvias, pero él nos lee y sabrá a qué me estoy refiriendo. Lamentable situación ésta.
Muchos han sido los acontecimientos que dan justificada razón para afirmar que en Panamá la justicia no opera, que no es el caso proceder a enumerar aquí. De nada vale que los más encumbrados representantes de los diferentes Organos del Estado aleguen lo contrario. Los estimados lectores los conocen hasta el hartazgo.
Su descrédito ha trascendido las fronteras nacionales, lo que proyecta una imagen en el exterior desfavorable de nuestra nación. Y todos somos responsables de que ello sea así. Algunos por acción y la mayoría por omisión. Todos tenemos nuestra porción de culpa. Si nos hubiésemos hecho valer en el momento oportuno, nada de lo que hoy ocurre hubiese sobrevenido. Pero es nuestra apatía, casualmente, lo que nos ha colocado en este desprestigio. Hoy sólo vivimos del lamento.
Pero no podemos permanecer más sentados de brazos cruzados. Este es un problema real y que resulta imprescindible resolver. La paz social, la estructura racional del Estado y la existencia de la misma República depende del imperio de la justicia.
Deben cesar los nombramientos de jueces y demás funcionarios del Organo Judicial con referencia a la lealtad partidaria y también el asimilar la justicia al poder. Y es que "cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana".
No sólo debe exigirse a los jueces y magistrados no tener filiación política al momento de su designación, sino por lo menos durante los últimos 10 años ya que se corre el grave peligro o riesgo de que los argumentos jurídicos se aprovechen para avalar predilecciones previas. Un juez o magistrado que tenga filiación política o que renuncie a ésta para el desempeño de su cargo es muy difícil que en el futuro vote contre los intereses del Estado o del Organo Ejecutivo.
Ojalá fuese posible el nombramiento de todo el Organo Judicial en base a concursos y créditos académicos. También no estaría para nada mal la creación de una Academia o Consejo de la Magistratura donde se formen los jueces y renueven sus conocimientos y aptitudes de frente a la ley y hasta elijan con su voto a jueces y magistrados.
Para el desarrollo del país es preciso la existencia de una justicia confiable, desprovista por lo tanto, de tanta sospecha. La inversión nacional y mucho menos la extranjera jamás dirá presente donde la justicia es una aventura generadora de angustias e incertidumbre.
Todavía no conocemos a nadie que haya escrito ni abogue por la injusticia, mas parece que fuese el sistema deseado por todos, pues es el imperante.
Es preciso que todos pongamos especial empeño en esta situación, puesto que es la aplicación de la ley lo que fija la frontera en la que los ciudadanos tienen una segura y libre esfera de acción. Decía F.G. Von Savigny: "El hombre se halla en el centro del universo exterior y el elemento que le resulta más importante en este entorno es el contacto con los que son de su misma índole y condición. Ahora bien, si en este contacto han de vivir juntos seres libres que se estimulen mutuamente y no entorpezcan su respectiva evolución, ésto sólo es posible mediante el reconocimiento y la aceptación de una frontera invisible dentro de la cual la existencia y la actividad de cada individuo tiene un espacio libre y seguro. La regla que traza esa frontera y define este espacio es el derecho...que garantiza el libre desarrollo y la capacidad inherente a las voluntades individuales".
Es la justicia condición esencial de la libertad. Sin ella no existe libertad y por ende tampoco democracia. Decía F. A. Hayek que "el concepto de la libertad bajo el imperio de la ley descansa en el argumento de que, cuando obedecemos leyes en el sentido de normas generales abstractas establecidas con independencia de su aplicación a nosotros, no estamos sujetos a la voluntad de otro hombre y, por lo tanto, somos libres".
Debemos todos luchar, pues, por el imperio de la ley y no de los hombres que sólo produce arbitrariedad, privilegio y discriminación.