Audiencia de Genaro López
Este sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
La aprehensión de Genaro López se legalizó este sábado. Foto: Fotograma Youtube
Una maraña de engaños, en la que los obreros del fallido proyecto de Red Frog son los mayores perjudicados, habría fraguado la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), de acuerdo con información expuesta en la audiencia de imputación de cargos realizada este sábado contra Genaro López.
Estos movimientos, según la fiscalía, incluyen la entrega de liquidaciones menores a las correspondientes, el ocultamiento del total de fincas entregadas por Pilar Construction S.A., presión, intimidación y negativa para que los abogados de los trabajadores los orientaran.
La fiscal superior Isis Soto recalcó hoy que los obreros recibieron prestaciones muy por debajo de las que les correspondía.
"Pagaron (los dirigentes de Suntracs) el 49% de las prestaciones laborales, porque sobre el monto que les iban a dar a los trabajadores les descontaron el 2% de la cuota sindical. Efectivamente se traspasaron al Suntracs estas fincas, que estafaron a los trabajadores, cuando el acuerdo extrajudicial señalaba que estas fincas eran para el pago de las prestaciones. Estas fincas suman 26 millones de dólares", puntualizó Soto.
Contexto
Cuando el proyecto de Red Frog, a cargo de Pilar Construction, fracasó, la empresa no tenía liquidez inmediata para hacerle frente a las prestaciones laborales de los obreros. Entonces acordó con Suntracs, en 2012, el pago de 3 millones de dólares en un transcurso de 8 años, colocando como garantía los lotes. Como el pago no se concretó, los terrenos pasaron a Suntracs, pero a pesar de ello tampoco los trabajadores recibieron sus prestaciones.
En 2022, Suntracs realizó una asamblea para definir el destino de estas fincas, convocatoria que derivó en que se hipotecaran a través de la propia cooperativa del Suntracs, por un valor de 3.1 millones de dólares, simulando un falso préstamo, según la fiscal.
Entre los elementos probatorios de la fiscalía, Soto indica que decenas de trabajadores denunciaron haber sido coaccionados en esa asamblea o haber recibido liquidaciones inferiores. Además, muchos de los que asistieron a esa reunión no habrían trabajado en el proyecto. La convocatoria se hizo por radio y no se pasó lista de asistencia.
Los obreros, en su mayoría originarios, también dijeron que se les había comentado que había de tres a cinco fincas, cuando en realidad son 14.
Las liquidaciones se pagaron a razón de 4,000 dólares en lugar de $12,000; $5,000 en lugar de $11,000 o $10,000 en vez de $21,000, solo por citar algunos de los ejemplos mencionados por la fiscal.
En 2022, los obreros querellaron a Suntracs por no haber concretado el pago de sus prestaciones.
Por su parte el abogado querellante Abel Fernández (representante de 143 obreros perjudicados) sostiene que en "la asamblea fraudulenta" estaba Genaro López. Además, al día siguiente, el Suntracs hizo una asamblea directiva en la cual dijeron que se había aprobado la moción de hipotecar los lotes, cuando una gran parte alega haber estado en contra. Días después se realizó la escritura de la hipoteca de los lotes.
En tanto que Genaro López subrayó que el proceso obedece a persecución política y recalcó que su único pecado ha sido liderar uno de los sindicatos más fuertes de la región. Igualmente, señaló a Fernández de venderle a los obreros la idea de que los lotes valen 26 millones de dólares y no 3 millones.
“Fue por tres millones, no les hemos robado. No nos hemos quedado con plata de los trabajadores y nunca lo hemos hecho. Todo está documentado en el expediente”, precisó.
Debido a su presunta participación en estos hechos, el juez de garantías Francisco Carpintero legalizó su aprehensión. A Genaro López se le imputaron cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad ideológica. Las penas mínimas por estos delitos son de 20 años y las máximas, superiores a los 40 años.
Asimismo se le decretó detención provisional debido al riesgo de fuga o asilo en una embajada y posibilidad de destrucción de pruebas.
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