ICA y la Caja de Seguro Social

En la negociación relacionada con los terrenos del Seguro Social que están siendo utilizados por ICA en la construcción del Corredor Sur no se han seguido los pasos que indica el buen sentido común. Cuando se programa un proyecto de esta magnitud, que afecta los intereses de terceros, deben agotarse todas las instancias para garantizar que se actuará con justicia antes de proceder con su ejecución, y todo parece indicar que en este caso existen lamentables lagunas en el procedimiento utilizado.
Sin duda ninguna a ello ha contribuido la lentitud con que se manejan estos trámites entre las autoridades del gobierno frente a la necesaria presión de la empresa por cumplir con sus compromisos de entrega de la obra. Es sabido que todavía ICA no ha cancelado una gran cantidad de las compensaciones acordadas con los vecinos afectados, porque el gobierno no ha dado la autorización correspondiente para proceder con el pago después de las verificaciones de cantidades y precios.
También influye en este caso el equivocado concepto de que los bienes del Seguro Social son bienes públicos que pueden ser manejados por las autoridades del Gobierno Central desconociendo la opinión de los miembros de su Junta Directiva. A pesar de los cambios producidos en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, orientados a conceder mayor autonomía a la institución, y del hecho de existir una mayoría de representantes de empleados y empleadores en su máximo órgano de gobierno, la Dirección General siempre ha mantenido fuertes vínculos políticos que pueden neutralizar el poder de sus dos actores principales.
Pero una cosa es corregir lo que se ha manejado de manera precipitada, y otra muy diferente es provocar un caos innecesario ante una transacción donde de una u otra manera el interés nacional no queda en entredicho. Lo que ICA paga a los afectados como compensación sale inmediatamente de su bolsillo pero, de acuerdo al contrato, es cargado al costo del proyecto de manera que lo termina pagando el pueblo panameño.
Aprovechar los errores cometidos en el manejo de este caso, para asumir posiciones violentas como la que ha sido planteada por el gremio de los profesionales médicos nos parece innecesario, inconveniente y peligroso. Estamos frente a un sistema de derechos que mantiene suficientes mecanismos de comunicación y de balance para garantizar en este caso una solución aceptable para todos los involucrados. El que ambas partes estén ya discutiendo el precio de los terrenos afectados, es buena señal.