Jurados de Conciencia

El Ministerio Público se encuentra haciendo esfuerzos para reformar la institución de los jurados de conciencia, con miras a hacer frente a las críticas de la comunidad y sectores del gremio de abogados inconformes con el desempeño de la figura. En esencia, se le imputa ser débiles a la hora de juzgar las causas de homicidio, que son de su competencia. El último fallo más notorio, involucró a una joven profesional que asesinó a su madre de múltiples puñaladas. Al margen de los méritos de la defensa y las circunstancias objetivas del proceso, la sentencia absolutoria colmó la paciencia de la mayoría de la ciudadanía que no entendió la muy particular forma de ejercer justicia por parte de gente común, de a pie, sin ninguna formación en Derecho ni en otra disciplina, investidos de pronto con la toga, fuerza y autoridad de un juez.
Para nosotros, en cambio, aquello no fue sorpresa. Desde hace tiempo venimos criticando el instituto, el cual consideramos ajeno a nuestras raíces románicas y españolas donde era el Rey o funcionarios bajo su mandato y en su nombre, los encargados de impartir justicia. Fueron los anglosajones quienes inventaron que fueran "sus iguales", esto es, ciudadanos comunes y no los ajenos, quienes juzgaran a los suyos.
Así, en Estados Unidos y la Comunidad Británica, los jurados suelen resolver todo tipo de causas, incluso civiles, además de las penales, sin mayor queja. Noriega, por ejemplo, fue condenado por un jurado de conciencia; y una gran petrolera, fue condenada en Nueva York, por suma multimillonaria, también por un jurado. Allá funciona, acá no.
Hace algunos años, comentábamos que la institución había muerto a machetazos en Penonomé, cuando la familia de un humilde jurado, fue agredida mientras dormía en su propia casa, por desconocidos que cercenaron el brazo de uno, desfiguraron el rostro de una niña y dejaron mal herido al resto, mientras el jefe de familia ausente se encontraba ajeno, haciendo las veces de jurado de conciencia. Una vez reemplazado el jurado, el encausado fue hallado obviamente inocente de haber matado a tiros a un ciudadano por haber simplemente gritado en El Valle: "Abajo la Piña", mientras fungía como soldado de Noriega en 1987. Como triste epílogo, el Organo Judicial se negó a indemnizar al frustrado jurado por los daños sufridos, consecuencia de haber sido arrebatado repentinamente de su entorno y su trabajo para dedicarse a lo que él jamás pidió.
Un reducido grupo de abogados, organizados bajo el altisonante nombre de "litigantes" se opone obstinadamente a la eliminación de los jurados. Dicen que se trata del pueblo haciendo justicia, cuando es todo lo contrario, gente ignorante de las leyes, decidiendo disparates. En el fondo, se sienten cómodos ejerciendo con teatro en vez de talento jurídico, enmascarando su mediocridad con actuaciones dramáticas que a nadie convencen, salvo a los ingenuos jurados de conciencia.