La Autoridad del Canal de Panamá

Carlos Pérez Morales | Docente Jubilado. Universidad de Puerto Rico

La Autoridad del Canal de Panamá es una agencia autónoma, creada mediante la "Ley Orgánica, del 11 de junio de 1997. Esta ley establece las normas para su organización y funcionamiento. Debido a su importancia y naturaleza, la ACP goza de autonomía financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo". Es una entidad del Gobierno de Panamá, creada en el Título XIV de la Constitución Nacional. Le corresponde privativamente la operación, la administración, el funcionamiento, la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y modernización del Canal, así como sus actividades y servicios conexos, conforme a las normas constitucionales legales vigentes, a fin de que el Canal funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable".

Una vez la Autoridad cubre todos sus gastos de funcionamiento (incluyendo mantenimiento y manejo), el sobrante es transferido al erario público de Panamá.

Existe un total desconocimiento sobre la historia del Canal de Panamá, en la mayoría de nuestros jóvenes. Ellos no saben el papel que ha jugado el Canal en nuestra historia, su relación con Estados Unidos, que lo construyó; la militarización del área de la antigua Zona del Canal y las razones geopolíticas y de índole comercial que indujeron a Estados Unidos a construirlo.

Para su administración durante el siglo XX, Estados Unidos creó varias agencias que son las antecesoras de la Autoridad del Canal de Panamá. Entre ellas están: 1) La Comisión Ístmica del Canal 1880-1904) 2) Segunda Convención Ístmica del Canal de Panamá (1904-1914), 3) El Gobernador de la Zona del Canal, El Canal de Panamá (1914-1950), 4) Compañía del Canal de Panamá (1950-1977), 5) Comisión del Canal de Panamá (1977-1999).

En el año 1994, debido a la reversión prevista del Canal a Panamá por parte de Estados Unidos, según acordado por los Tratados Torrijos-Carter, se incluyó en la Constitución un título sobre el Canal de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá. Esta agencia asumió la administración del Canal, en el año 2000.

Desde principio, la Autoridad del Canal de Panamá operó con éxitos el Canal de Panamá. Contrario a lo que muchos esperaban, durante el primer año hubo ganancias y luego de cumplir con los gastos operacionales y de mantenimiento, la Autoridad del Canal de Panamá logró transferir dinero de las ganancias al Tesoro nacional.

Algo de lo que más ha inquietado al pueblo de Panamá es que esta poderosa agencia opera sin representación alguna de los trabajadores. Toda su junta de directores, históricamente han sido miembros de la oligarquía panameña. Los beneficios económicos que genera la Autoridad del Canal de Panamá son para la clase alta sin considerar la participación del pueblo que luchó su reversión.

Desde el año 2001 al 2005, hubo una reducción de los barcos que transportan granos y hubo una merma en estos tránsitos, pero la misma fue compensada por un aumento en el tamaño y número de los tránsitos de buques portacontenedores en la ruta de Asia a la Costa Este de Estados Unidos.

De acuerdo con el Estudio del Impacto Económico del Canal en el Ámbito Nacional, "en el año fiscal 2005, la Autoridad del Canal recaudó en peajes un total de $847.5 millones, un aumento de 11.9% con respecto al año anterior como resultado combinado de un aumento en el tonelaje neto de 4.5% y de un aumento en las tarifas de peajes que se implementaron durante el año".

En el año 2006, el pueblo de Panamá aprobó en referéndum la propuesta gubernamental que disponía la ampliación del Canal a un costo de $5,200 millones. Esta ampliación consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas para que los barcos postpanamax y las gigantes naves que se construyen en esta época puedan pasar a través de este Canal. El proyecto incluye la construcción de dos nuevas esclusas, una en el Pacífico y otra en el Atlántico. La construcción de esta obra está a cargo del Consorcio GUPC, integrado por cuatro compañías.

Un breve análisis de esta agencia nos deja en claro que su autonomía gubernamental puede prestarse para la corrupción y mal uso de los recursos. Los jugosos sueldos que se pagan a los administradores contemplan una ancha brecha contra lo que se les paga a los trabajadores. Para poder fiscalizar los beneficios para los trabajadores, los mismos deberían tener representación en sus organismos directivos. Para que una agencia tan importante como esta funcione bien debe estar sometida a un riguroso programa de auditoría.