La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La reciente discusión sobre el informe emitido sobre la situación de los derechos humanos en un país americano (Venezuela) emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos hace reflexionar sobre los orígenes de una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los Derechos Humanos, con sede en la capital norteamericana. La otra instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene su sede en San José, Costa Rica.

La CIDH cumplió 50 años de fundación en 2009. Su mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, suscrita por más de 25 países, entre ellos Venezuela y Panamá, realizando 69 visitas in loco (al lugar de la denuncia) en 23 diferentes países. Una de ellas, realizada a Panamá en la década de los ochenta durante la dictadura militar, fue presidida por el Comisionado Andrés Aguilar de Venezuela, a quien nos tocó explicar como dirigentes políticos de oposición la sistemática violación de derechos humanos llevada a cabo por los militares.

La Comisión la integran siete miembros independientes, propuestos por sus países, pero electos en forma personal. La Comisión es presidida por la venezolana Luz Graciela Mejía Guerrero, electa en 2008 a propuesta de su Gobierno y que dentro de los países en la que es relatora esta Honduras; Paulo Sérgio Pinheiro, quien es el relator de Venezuela, así como los comisionados de Colombia, Estados Unidos, Chile, México y El Salvador.

La última visita in loco que hizo la Comisión fue en Honduras tras la situación irregular que se dio en ese país luego del derrocamiento de José Manuel Zelaya el 30 de junio de 2009, permitiendo el gobierno de Roberto Micheletti su presencia en Honduras. La Presidenta de la Comisión fue la relatora de un informe que según algunos contenía algunas exageraciones. Otros países, caso de Venezuela, no han permitido visitas in loco de la CIDH.

Aún si esas visitas in loco no sean permitidas, la CIDH puede elaborar informes, producto de las denuncias que recibe de ciudadanos y organizaciones del país en cuestión. Una vez preparado el informe este se le muestra al país para que haga sus descargos, tal como fue el caso de Venezuela, que inclusive durante su contestación pidió una prórroga.

De no existir esta instancia de protección y promoción de los derechos humanos grupos vulnerables como las comunidades indígenas no tendrían donde acudir cuando sus derechos humanos son pisoteados ni tampoco los pueblos tendrían donde acudir cuando se sienten que sus derechos consignados en la Carta de la OEA y la Convención Interamericana de Derechos Humanos han sido conculcados.

Ciertamente, a veces no nos gustan los resultados de los informes de la CIDH. Pero lo que está fuera de toda discusión es la seriedad y eficacia de su gestión.