La peligrosa ruta del PNUD

Las actuaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca han sido, a nuestro juicio, las más convenientes para los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS). Estas acciones incluyen aquellas en las que la actual vicepresidente de la República era parte del equipo de esta organización, las que llevaron a la aprobación de la nefasta "Ley 51 Del 27 de diciembre de 2005".

La situación ahora parece repetirse en un documento realizado por el PNUD a solicitud del actual gobierno, en el cual se aborda la problemática de la CSS bajo el título "Análisis con algunos actores claves y propuesta metodológica de proceso". Este escrito, el cual fue terminado en enero de 2017, propone una hoja de ruta, en la que durante aproximadamente un año se realizaría un diagnóstico y se presentarán propuestas de soluciones. Lo que llama la atención en este caso es que este análisis no se hará con la presencia de las partes que hacen parte de la seguridad social, sino por un grupo de entre 7 y 9 "técnicos nacionales", entendiendo, de acuerdo con el PNUD, que "la presencia de diferentes corrientes de pensamiento en el comité…, asegurará el nivel de imparcialidad y neutralidad".

Desde la perspectiva de los asegurados se trata de una ruta sesgada. En primer lugar, porque el asunto de la especialidad técnica seguramente se manifestará en una clara supremacía de los intereses económicamente dominantes del país sobre el llamado equipo técnico, marginándose así los intereses de los asegurados cotizantes y pensionados. Ni siquiera se les da la posibilidad a los representantes de los trabajadores y pensionados a que determinen cuáles serían los técnicos de su confianza.

En segundo lugar, las proyecciones necesarias para realizar el diagnóstico y establecer las alternativas no son un simple problema técnico. Por ejemplo: ¿cómo proyectar la tasa de crecimiento del empleo, la productividad del trabajo y la participación de los salarios en el PIB sin discutir sobre el estilo de desarrollo del país? Por otra parte, cómo abordar la problemática del desarrollo demográfico no teniendo en cuenta que la expectativa de vida, después de la pensión, es diversa para distintos estratos sociales. Esta situación está claramente influida por las condiciones de trabajo, la distribución del ingreso, así como por la política alimentaria y de salud. En conclusión, dado que se estaría discutiendo sobre la política económica y social no es posible realizar esta tarea excluyendo a los sectores trabajadores y de clase media, que constituyen la base contributiva del sistema de pensiones.

En tercer lugar, ningún técnico se puede abrogar el derecho a establecer cuáles son los valores sociales que deben sustentar el sistema público de pensiones. Estos solo pueden ser definidos en el diálogo directo de las partes que interactúan en dicho sistema. Esto constituye el inicio de cualquier solución, por lo que el propio punto de partida de la hoja de ruta del PNUD está errado.

En conclusión se trata de una ruta inconveniente que debe ser rechazada. Este es un paso esencial para salvar la solidaridad en la CSS.

Economista