La politización de la justicia

La situación actual en Panamá demanda una gestión efectiva por parte del Gobierno. Sin embargo, es preocupante que se intente aprovechar el caos actual como una cortina de humo para que pase desapercibido uno de los mayores atentados contra nuestra democracia: el intento de inhabilitar al candidato más fuerte de la oposición. Esto plantea interrogantes sobre la integridad del proceso democrático y la imparcialidad de la justicia.

La aceleración del proceso judicial en un momento de agitación social y política suscita dudas sobre la motivación detrás de estas acciones. No solo es esencial que se respeten los principios fundamentales de la democracia, sino que se debe honrar la voluntad de la mayoría expresada a través de los votos en las urnas, en lugar de eliminar al candidato más fuerte.

La política y la justicia deben funcionar en beneficio de la sociedad, y cualquier intento de utilizarlas con otros fines socava la confianza en la democracia. Los ciudadanos tenemos derecho a un proceso político libre y justo, donde nuestras voces se escuchen y respeten. En tiempos de crisis, la transparencia y la integridad son aún más cruciales para el bienestar del país.

Sin embargo, la justicia en Panamá vuelve a estar en medio de un contexto que algunos califican de aberración. La controversia gira en torno a decisiones judiciales y claras presiones políticas en torno al caso New Business, en donde muchos afirman que el presidente Cortizo y su vicepresidente, Gaby Carrizo, ejercieron presión para ratificar la decisión de la magistrada Marquínez, sin considerar el amparo de garantías admitido.

El PRD ha sido señalado de utilizar tácticas que recuerdan antiguos manuales para desviar la atención de su difícil situación. A través de la aceleración de los casos contra Ricardo Martinelli, intentan buscar un camino para salvarse del abismo en el que se encuentran. La rapidez con la que se han llevado a cabo estos procedimientos ha levantado sospechas.

Este fallo de segunda instancia, además de la inhabilitación, busca ejercer control sobre los diarios de Epasa. ¿Se busca silenciar a la prensa? ¿Cuál es el propósito detrás de esta acción, especialmente en medio de la crisis que afecta a Panamá?

Varios profesionales del derecho han cuestionado el fallo en el caso New Business, a pesar de la suspensión por amparo admitido por la Corte. Esto plantea serias dudas sobre la independencia del sistema judicial y la imparcialidad de sus decisiones.

Lo más lamentable es que la condena a Ricardo Martinelli ha sido celebrada por adversarios mediocres que solo dejan más claro que sus ansias de poder están por encima de la democracia y la voluntad del pueblo, y que con tal de ganar están dispuestos a todo. Esto plantea interrogantes sobre la ética política y el respeto a la voluntad de la mayoría, según lo reflejan las encuestas. La política en Panamá está en un estado de agitación, y es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y vigilantes en estos momentos críticos.

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El expresidente Martinelli ha denunciado que el gobierno actual ha optado por intentar distraer a los panameños con un fallo de segunda instancia que busca invalidar su candidatura en 2024, en lugar de abordar inteligentemente la crisis social que enfrenta el país.

Desafortunadamente, la política panameña continúa siendo un terreno complejo y polémico.