La protección y sus efectos

La posición ortodoxa de la teoría económica establece que los patrones del comercio internacional se determinan por las ventajas comparativas, y que el libre mercado constituye el mejor mecanismo para la explotación de las ventajas comparativas. Así pues, la mejor política para un gobierno involucraría una postura de estricta antintervención.
Por lo general, los economistas se ocupan de promover dos fines: la eficiencia económica y la distribución del ingreso. Independientemente del tipo de política económica seleccionada, siempre se trata de perseguir la equidad y el bienestar nacional.
La postura antintervencionista de la teoría comercial en realidad es una ligera extensión de uno de los aspectos más importantes del pensamiento económico, articulado en primer término por Adam Smith (1776) y posteriormente, por David Ricardo (1813). Una enunciación precisa del asunto aparece en aquello que se conoce como el primer teorema de la economía del bienestar: "El libre mercado es lo mejor que puede haber para promover la eficiencia, y la intervención sólo puede reducirla". Un corolario de la política económica afirma que el objetivo de la distribución puede alcanzarse mejor reasignando la riqueza y dejando luego que el libre mercado realice su tarea de imponer la eficiencia.
La teoría tradicional del comercio internacional supone que no hay barreras que impidan la entrada, de modo que una industria consistiría en un gran número de pequeñas empresas que sólo ganarían el beneficio normal requerido para permanecer en actividad. En tal industria, puramente competitiva, el precio sería igual al costo marginal de la producción de cada empresa, de modo que un subsidio a la exportación generaría un precio que estaría por debajo del costo marginal de producción real. En esta situación, un subsidio a la exportación sólo podría reducir el bienestar nacional, actuando a lo sumo como un regalo para los consumidores extranjeros.
Históricamente hemos visto que la política comercial se ha ocupado más de la protección de las industrias nacionales competidoras con las importaciones que de la promoción de las exportaciones. El arancel o tarifa de importación ha sido el instrumento principal de la protección, aunque no el único. El arancel no surgió como una política estratégica sino como un instrumento para la recaudación de impuestos. Sin embargo, hay un argumento muy antiguo en favor de la protección que tiene interpretación estratégica: el concepto de la industria naciente. La idea era que la protección temporal de una industria que no pudiera competir ahora con los rivales extranjeros podría justificarse si esa industria tuviera, gracias a la protección, una oportunidad para crecer, volverse más eficiente, y con el tiempo competir con las empresas extranjeras. En otras palabras, un mecanismo de protección como promoción de las exportaciones.
Lo que hay que tener en cuenta y no perder de vista con este mecanismo de promoción de las exportaciones es la protección en función del bienestar. La política de protección es buena para las empresas, pero mala para los consumidores, quienes, en consecuencia, tienen acceso a un mercado interno menos competitivo. Y si estamos dispuestos a sumar los beneficios que las empresas obtienen en dólares y restar los costos que pagan los consumidores en dólares, podrá calcularse un efecto de bienestar negativo. El arancel es, en efecto, un impuesto a la entrada de los productos extranjeros, una limitación al libre comercio y, como dijo en una ocasión un prominente economista panameño, "es una broma de mal gusto para los consumidores"
Los costos de la protección son potencialmente elevados; su monto equivale a una transferencia de los consumidores a los productores nacionales y extranjeros. El resto es una pérdida de eficiencia económica provocada por la asignación de recursos a la producción de bienes que pueden obtenerse más baratos en el extranjero y por el hecho de que se restringe la elección del consumidor (pérdida de excedente del consumidor " de un beneficio sobre el precio del mercado).
Un análisis del Wharton Econometrics establece que en el período de 1992-94, el arancel a la importación elevó los precios de los automóviles japoneses en el mercado de Estados Unidos de 920 a 960 dólares por automóvil y aumentaron los precios de los automóviles nacionales en 370 dólares por unidad. Por lo tanto, la protección automotriz costó a los consumidores estadounidenses cerca de 9,800 millones de dólares anuales.
Se necesitan más análisis empíricos que cuantifiquen los costos de la protección. Pero también se requiere mayor conciencia pública de los costos. La negativa de los consumidores a la protección por lo general se debe a la falta de información, por lo que es importante corregir este problema mediante una difusión más amplia de los costos de la protección para los consumidores. En efecto, sería muy saludable si los industriales que solicitan una protección a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) incluyan en sus presentaciones el cálculo de los costos para los consumidores, además de los otros análisis económicos requeridos para el examen de una decisión sobre el mencionado apoyo.
No es probable que mi opinión logre un consenso entre los teóricos académicos del comercio internacional y los cabilderos de la industria. No logro tampoco que los técnicos de la CLICAC y los industriales hablen el mismo lenguaje. Sin embargo, espero que por lo menos nos entendamos cuando hablemos de los mismos temas.