Sistema de cuentas individuales
... tampoco calculan todo lo que se podría hacer en salud, educación, seguridad social y seguridad y soberanía alimentaria si los empresarios dejaran de evadir sus impuestos ($6,700 millones anuales).
Los ideólogos de la visión de la mesa con tres patas no plantean, en ningún lugar, cómo financiar el costo de transición de quienes ellos pretenden dejar atrás en el sistema de beneficio definido. Foto: EFE.
Migrar a prácticamente toda la población cotizante del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) a un sistema de cuentas individuales, se ha convertido en un objetivo central de la cúpula empresarial. La razón es obvia: se trata de un modelo que le permite a las capitalizadoras y seguros quedarse hasta con el 30.0% de las cuotas aportadas por los trabajadores (Perú), generándoles extraordinarias ganancias.
Para lograr sus fines, los voceros de la cúpula empresarial han venido desarrollando todo un conjunto de argumentos falaces. Probablemente el más ridículo de todos es el que intenta presentar al modelo de cuentas individuales como uno que genera una elevada certidumbre, superior a la del sistema solidario.
Los sistemas solidarios, es decir, de beneficio definido, están diseñados de manera tal que la persona sabe cuánto cotizó y con cuánto se puede jubilar, por lo que le permite una planeación de la jubilación. En cambio, los sistemas de cuentas individuales se llaman de cotización definida, esto significa que el asegurado solo sabe cuánto cotiza, pero no sabe con cuánto se va a pensionar.
Esto último se debe a que el monto de la pensión depende de una serie de circunstancias riesgosas. Los riesgos que deben afrontar individualmente son los siguientes: los vinculados con la tasa de interés y el valor de los activos financieros, el del desempleo y la enfermedad prolongada, así como el que, de manera perversa, los financistas neoliberales llaman el riesgo de la longevidad.
Por otro lado, presentar la mesa de tres patas promovidas por la cúpula empresarial como un modelo solidario y equitativo es totalmente falso. Argumentar que una pensión no contributiva de apenas $120.0 mensuales es suficiente para rescatar a un adulto mayor de la pobreza, no tiene ningún sentido teniendo en cuenta que solo el costo de la canasta básica alimenticia familiar ronda los $312.19 mensuales.
No solo es cierto que el modelo de cuentas individuales no contiene ningún componente de redistribución del ingreso. La experiencia muestra que, además, los mismos generan pensiones contributivas muy lejanas a las necesidades de los cotizantes, las cuales, también, son muy inequitativas desde la dimensión de género. Datos recogidos por la fundación SOL de Chile, muestran que ese país los hombres que trabajan y cotizan entre 25 y 33 años reciben pensiones de apenas el 25.0% del salario promedio de sus últimos 10 años de labor. En el caso de las mujeres esta tasa de reemplazo solo llega al 19.0%.
Tampoco es cierto, como pretenden los ideólogos de las tres patas, que los modelos de cuentas individuales elevan la cobertura. De acuerdo con Mesa Lagos, los experimentos con cuentas individuales en América Latina generaron, en promedio, una disminución del porcentaje de cobertura del 38.0% al 26.0%.
Resulta prácticamente infame que algunos voceros de la cúpula empresarial argumenten que 777 mil personas en informalidad apoyarían su modelo de tres patas. En primer lugar, deberían tener en cuenta que muchos de estos informales son trabajadores de las empresas formales a los que sus empresarios, violando la Ley, no los inscriben en la CSS. Estos representaron en el 2019 cerca de 93,221 personas, a los que se les debe sumar los 68,631 trabajadores y trabajadoras domésticas que, también violando la Ley, no son inscritas en la CSS.
Los ideólogos de la visión de la mesa con tres patas no plantean, en ningún lugar, cómo financiar el costo de transición de quienes ellos pretenden dejar atrás en el sistema de beneficio definido.
Obviamente, tampoco calculan todo lo que se podría hacer en salud, educación, seguridad social y seguridad y soberanía alimentaria si los empresarios dejaran de evadir sus impuestos ($6,700 millones anuales).
Economista.
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