Las mentiras del Sí

En su artículo "Subestimando los costos en Proyectos de Obras Públicas: ¿Error o Mentira", los profesores Flyvbjerg, Holm y Buhl de la Universidad Aalborg de Dinamarca, llegan a interesantes conclusiones en lo que a megaproyectos se refiere, a saber: (1) en 9 de cada 10 proyectos estudiados, se subestimaron los costos; (2) en estos proyectos, el costo final fue, en promedio, 28% superior al costo inicialmente estimado y (3) todos los datos estadísticos y las evidencias disponibles, demostraron que la subestimación en los costos no era fruto del error, sino una vulgar mentira hecha por los promotores y políticos para vender el proyecto y facilitar su aprobación por el público.
El propio profesor Flyvbjerg es uno de los autores de la obra "Megaproyectos y Riesgos: Anatomía de la Ambición", en la que hace un estudio todavía más comprensivo y llega a conclusiones similares y todavía más concluyentes. Con abundante ejemplos e información estadística, se marca una tendencia clara a tergiversar u ocultar información al público para hacer más atractiva la venta de un megaproyecto. Y el incentivo para mentir es mayor, según lo reflejan esos estudios, cuando la decisión de hacer o no el proyecto tiene que ir a una votación (en el Congreso o en el Referéndum, como es el caso de Panamá ahora).
En un artículo titulado "Big Fat Lies", el periodista Guy Span, refiriéndose al caso del Big Dig en Boston, relata una anécdota sobre la construcción del Tren Bala en Japón, según la cual Sinji Sogo, encargado de modernizar el sistema de transporte en ese país, enfrentado a la dificultad de financiar el mismo por su alto costo, ordenó a sus subalternos rebajar en un 50% las estimaciones. Cuando estos le preguntaron, qué harían cuando se quedaran sin dinero, éste les respondió que con la obra ya avanzada, al Gobierno no le quedaría más alternativa que dar esos fondos adicionales. Para ellos, mentir fue necesario para hacer realidad el progreso. Y fue así como se construyó la obra. Según Span, esta es una historia conocida por desarrolladores de proyectos a nivel internacional, pues es un caso de estudio en clases.
Y quienes aparentemente no se perdieron esa clase, fueron los directivos de Parsons Brinkerhoff, contratados por la Autoridad del Canal de Panamá , para desarrollar el Plan Maestro. Ya el profesor Miguel Antonio Bernal, en un artículo publicado en este diario el pasado 18 de agosto, se refirió a algunos antecedentes de esta empresa, sobre todo su papel protagónico en la monumental estafa de la construcción del Big Dig en Boston. Pero se quedó corto, pues además está empresa es investigada en Hawai por contribuciones ilegales en campaña electoral y posibles malos manejos en una contratación pública, en la cual supuestamente subcontrataron empresas ligadas a quienes otorgaron el contrato.
Por ello, me preocupa enormemente cuando los directivos de la ACP y los personeros del Gobierno PRD nos aseguran que la obra costará no más de 5,250 millones de dólares. Y me preocupa más, cuando nos dicen que hacen esas estimaciones con sólo los "diseños conceptuales" de la obra a construir. ¿Por qué la preocupación?
Según el profesor Edward Merrow, en un estudio hecho para la Rand Corporation (que no es un think thank de la extrema izquierda) sobre el alarmante sobrecosto en los megaproyectos, un mecanismo necesario para tomar mejores decisiones es decidir hacer el proyecto cuando ya se tengan las estimaciones de costo sobre la base de los diseños finales ("Understanding the outcomes of Megaprojects: A Quantitative Análisis of Very Large Civilian Projects"). Ese no es el caso del proyecto que debemos aprobar o rechazar en octubre próximo.
En conclusión, lo que ha ocurrido con otros megaproyectos, la trayectoria de quiénes están involucrados en la estimación de los costos y la forma en que están manejando el debate, no indica otra cosa más que nos están mintiendo en cuanto a los costos reales del proyecto. Pero esa, no es más que una de las mentiras de Sí, en próximos artículos desenmascaremos otras mentiras de los promotores del Sí, entre ellas la del impacto económico y sobre el empleo del proyecto de ampliación.