Los uniformados son el pilar de este gobierno

Jubilados protestan en demanda del aumento de sus pensiones en medio de un fuerte operativo policial. Foto: Roberto Barrios/Epasa.

En nuestra reciente historia democrática nunca habíamos tenido un gobierno tan impopular como el del presidente Juan Carlos Varela.

Lo dicen las encuestas: durante la primera parte de su mandato, Varela tenía un 60% de popularidad, según Dichter & Neira.

Luego cayó abismalmente hasta un 33% en enero de 2018.

Mientras, hoy por hoy se puede percibir que la aceptación del presidente es inferior.

Es decir, la sociedad no lo reconoce como un actor político que merezca dirigir al país.

Pero no es solo un problema del presidente, sino de todo el Gobierno.

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Según el Informe Latinobarómetro del 2018, la popularidad de todo el Gobierno panameño cayó de un 62% en el 2015 hasta un 25% en el 2018.

Realmente la sociedad está esperando un verdadero cambio en el rumbo del país.

Pero, ¿qué mantiene a este gobierno tan impopular en el poder?

La respuesta es sencilla: los estamentos de seguridad.

No en vano hemos visto cómo los salarios de los uniformados han aumentado más que la media de profesionales en Panamá.

Por ejemplo, mientras un funcionario universitario debe conformarse con $125 de bono navideño, el de los uniformados no baja de $300.

El aumento del salario mínimo del sector privado fue de $44  (hace 2 años) mientras que los uniformados percibieron en diciembre de 2018 otro aumento entre $50 y $800.

Esto ha llevado a los uniformados a sentirse superiores que el resto de la sociedad.

Por eso hemos visto en los medios de comunicación los atropellos por parte de la policía y del Servicio de Protección Institucional (SPI) contra quienes se pronuncian contra el actual gobierno y salen a exigir sus justos derechos.

Pero también contra ciudadanos que van a sus lugares de trabajo, y son retenidos, requisados, detenidos, golpeados y luego denunciados por los agentes de policía, sin que exista ningún delito o falta original.

Pero, pese a toda esa inversión, ¿es Panamá un país más seguro?

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Las estadísticas del Ministerio Público lo dicen todo: de enero a noviembre del 2017 hubo 511 carpetas por delitos contra la vida e integridad personal, mientras que estas aumentaron en el 2018, para los mismos meses, a 536 carpetas.

Es decir, un aumento de 25 carpetas, sean estas por denuncia ciudadana, de oficio o querella.

Para la misma fecha de 2017 hubo 163 carpetas de delitos contra la libertad e integridad sexual, mientras que para el 2018 hubo 231.

Un incremento de 68 casos.

Y así, delito por delito.

Todos los casos criminales atendidos por el Ministerio Público han aumentado, salvo en los delitos contra el patrimonio económico y los delitos contra la seguridad colectiva.

En conclusión, los estamentos de seguridad de Panamá no solo realizan de manera deficiente su trabajo de proteger los derechos de la ciudadanía, sino que, aupados por el Gobierno, atacan a la población.

No solo durante las protestas pacíficas, que constituyen un derecho inquebrantable del pueblo panameño, sino que cientos de ciudadanos ven sus derechos cercenados diariamente por las arbitrariedades de la policía.

Pero esto es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno, que ha decidido mantenerse en el poder, no por consenso político con los factores reales de poder, sino por la fuerza.

Abogado  litigante,  profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Universidad de Panamá.