La magistrada presidenta defendió el aumento salarial y retó a los críticos del alquiler del carro blindado a buscar una opción más económica.
110 cheques no fueron reclamados por sus destinatarios.
El Reporte del Mercado Laboral de marzo presenta una disminución del salario promedio pretendido de 3.74% con respecto al mes anterior.
Anel Flores dejó claro que lo hace en contra de voluntad y únicamente porque lo ordena la ley.
No obstante, la morosidad en tarjetas de crédito bancarias disminuyó 22.7% en saldo con respecto al año pasado.
La disparidad de salarios entre la ciudad capital y el interior del país ronda los 100 dólares.
La diferencia mínima de salarios entre hombres y mujeres se ubicó en mayo de 2020 con 1.04%, mientras que la más alta se presentó en abril 2024 con 8.66%.
En el reporte más reciente se aprecia un aumento del salario promedio pretendido por los panameños del 2,14 % con respecto al mes pasado.
Quedan exceptuadas de esta medida las acciones de personal de los ministerios de Salud, Educación y aquellas entidades amparadas en leyes especiales.
Con el incremento de $4,000 los magistrados de la Corte Suprema elevarían a $14 mil sus sueldos y emolumentos.
Con el aumento de $4,000 los magistrados de la Corte Suprema elevarían a $14 mil sus sueldos y emolumentos.
Dos diputados de la Comisión de Presupuesto aseguraron al diario Crítica que no han recibido ni aprobado traslados de partidas ni créditos.
Dentro de los beneficios más seleccionados, el 46% elegiría un buen sueldo.
El informe respectivo se presentó durante el lanzamiento de Jobint, la HR tech que reúne a empresas clave del sector.
Los salarios pretendidos según seniority presentan caídas de 0.69%, 1,11% y 1.29%.
Para el próximo año, más de un 60 % de las empresas pretende realizar un pequeño ajuste salarial.
Estudio revela que 4 de cada 10 panameños negoció su salario pero solo el 6% tuvo éxito.
El salario medio requerido por los hombres disminuyó 0.55% en el último mes mientras que el de las mujeres aumentó 1.25%.
El titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que el impacto de estas leyes resta una flexibilidad enorme a la operación del Estado.
Los contratos de dichos empleados quedaron sin efecto el pasado 30 de junio y no fueron renovados.
