Niñez, adolescencia y juventud

Panamá inició a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) en noviembre de 1990, su propio proceso de cumplimiento de compromisos relativos a los derechos de los niños.

En este sentido, el país ha ratificado una serie de convenios internacionales relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia (Leyes 33, 37 y 38 de 1998).

Y, respecto a la legislación patria, se han promulgado varias normas legales que contienen como base las disposiciones de la CDN, tales como algunas disposiciones del Código de la Familia y el Menor, la Ley 27 de 1995, la Ley 42 de 1997, la Ley 31 de 1998 y la Ley 4 de 1999.

Por otro lado, también se creó en noviembre de 1997 el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, como instancia rectora de las políticas sociales dirigidas a estos grupos, en especial de la niñez y la juventud, y finalmente a la fecha, se promulgó la Ley 40 de 1999 referente al Régimen Especial de Responsabilidad Penal de la Adolescencia.

Con esta nueva legislación, los juzgados de menores, al constituirse en juzgados de niñez y adolescencia, asumen la responsabilidad de su protección.

Además, se establecen los juzgados, fiscalías y defensorías penales de adolescentes con competencia especializada en ese tema.

Como resultado de estos esfuerzos, y en especial de la entrada en vigor del nuevo Régimen Especial de Responsabilidad Penal para los Adolescentes, se logra instaurar en Panamá un verdadero sistema con garantías para los adolescentes, perfectamente adecuado a los postulados de la CDN y demás instrumentos internacionales sobre la materia.

Sin embargo, en nuestra humilde opinión, está pendiente concluir el proceso de promulgación de una ley integral para la niñez y la adolescencia que ajuste y fortalezca el cumplimiento de los derechos de esta población a través de la política social y la reestructuración institucional del Estado con ese propósito.

El Código de la Familia contiene cuatro libros, uno de ellos dedicado a la niñez y la adolescencia, donde se señala taxativamente el derecho de niños y niñas a ser protegidos contra toda forma de violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual, explotación y discriminación.

Entre las instituciones especiales que han sido creadas para lograr la protección de la niñez destacan: los Tribunales Superiores de Niñez y Adolescencia, las Fiscalías y la Policía Especializada.

En este marco, también se ha creado la Dirección Nacional de la Niñez en el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

Así, observamos que los cambios legales a favor de la niñez han sido posibles en virtud del trabajo conjunto de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ya que en la sociedad panameña existe mayor conciencia sobre la necesidad de dar respuestas educativas adecuadas a los niños y niñas que están fuera del sistema escolar; de atender a los niños, niñas y adolescentes que trabajan; de no castigar injustamente a las niñas y adolescentes que quedan embarazadas, muchas veces producto de relaciones incestuosas o de abuso sexual -y quienes son castigadas con su expulsión de la escuela-; la prevención del consumo de drogas y de la violencia en las escuelas; y, el desarrollo de un modelo de atención educativa para la construcción de la ciudadanía plena de las niñas.

En este marco se puede destacar la creación de la Oficina de Atención a Menores en Circunstancias Difíciles, la Dirección de Educación Preventiva y el programa de Escuelas Promotoras de Educación en Igualdad.

Pese a lo anterior, y en especial al logro significativo en materia legal, de salud y educación, hay que señalar que aún existe un sector significativo de niños y niñas que se mantiene en una condición de marginalidad y exclusión con respecto a las oportunidades de una vida digna, agradable y segura; niños que no gozan del efectivo respeto y cumplimiento de sus derechos, tal y como lo demandan los principios fundamentales establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.

En este sentido, observamos que existen infantes que viven en condiciones de pobreza, que no son pocos: más de la mitad de los niños de Panamá -un 53%- se encuentra en estas condiciones, y muchos de ellos, además, sufren de desnutrición y viven en condiciones sociales, familiares y personales de abandono.

De esta manera, aunque la mortalidad infantil y en menores de cinco años muestra una tendencia a la disminución, siguen existiendo importantes desigualdades en algunas regiones del país, de manera que para cumplir con las metas establecidas por la Cumbre de la Infancia se requerirá de un mayor esfuerzo en distritos rurales alejados y en aquellos con población indígena mayoritaria.

Por otro lado, y tomando como referencia los casos de violencia y abuso de niños y niñas que se registran mayormente en el Hospital del Niño, tenemos que desde 1993 se ha registrado un total de 1,070 casos, de los cuales las dos terceras partes corresponden a niñas.

De ellos, el 24% fueron casos de abuso sexual, en su gran mayoría de niñas (78%), y el 99% de los casos fueron de niños y niñas menores de 14 años; pero en el caso de los niños, el maltrato afecta más a los varones menores de un año y en el grupo de edad de 5 a 9 años.

Para el resto de las edades, afecta más a las niñas.

En, al igual que en otros países del continente, los jóvenes y adolescentes enfrentan los problemas propios de su edad en un entorno que, por lo general, es muy poco favorable para el disfrute propio de la edad e inadecuado para lograr un pleno desarrollo.

Ya se han mencionado muchos de los problemas de cobertura, calidad y relevancia que afectan al sistema educativo, y que son particularmente graves en la educación media.

Cabe agregar aquí la carencia de espacios adecuados para que los y las jóvenes y adolescentes puedan disfrutar de su tiempo libre mediante actividades que les resulten atractivas como el entretenimiento y que contribuyan, además, al desarrollo de sus relaciones humanas y sociales, y a su capacidad de participación en la vida nacional.