Nueva Constitución para fortalecer la institucionalidad

Siguen las protestas populares, especialmente por los jóvenes ciudadanos universitarios, proclamando a los cuatro vientos su rechazo a las reformas preparadas ilegítimamente por un grupo esencialmente privado denominado Concertación Nacional, que de forma inconsulta se arrogaron el privilegio de proponer reformas constitucionales, que en ninguna de sus partes apunta a los reales problemas que le interesan a la mayoría de los panameños.

Por esta razón, el No a las reformas llegó para quedarse y ha quedado sembrado con firmeza, evidenciando que el resultado en un eventual referéndum para aprobarlas se vislumbra sea de un contundente rechazo.

El proceso escogido por el Órgano Ejecutivo para la preparación, presentación y aprobación de las reformas de marras, tiene una lógica invertida.

Se puso la carreta delante de los bueyes.

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Para proponer cambios constitucionales primero hay que acordar con todas las fuerzas vivas, políticos y no políticos, los temas en los que se requieren cambios y como hacerlos. 

Luego de este paso, se designa una comisión o grupo de trabajo de alto nivel académico para que redacte el proyecto de nueva constitución que se entregaría a la Asamblea Constituyente para su debate y aprobación.

Este proyecto luego se somete al correspondiente referéndum para que el pueblo diga su veredicto final.

En este caso, se optó por un proceso invertido que no tiene la aceptación de la mayoría de los ciudadanos, desde los más pensantes hasta los ciudadanos de a pie que también se merecen un mejor país.

Además de lo anterior, las reformas adolecen de insuficiencia para apuntar a los verdaderos cambios constitucionales que se deben hacer.

Para empezar, no eliminan el pecado original con el cual nació la constitución de 1972 que es el excesivo presidencialismo que se permite en virtud que solo se pretendió en su momento, trasladar el poder concentrado en el cuartel de la Avenida A, hacia la Presidencia en San Felipe.

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Esto provoca un estatus de rey que asumen los presidentes panameños.

Mientras esto exista, no hay una institucionalidad efectiva que sobreviva a los embates de las ambiciones políticas y económicas.

Negociaciones con los diputados, telefonazos a los magistrados de la Corte Suprema y Tribunal Electoral y sumisión del Contralor, extingue toda capacidad de independencia institucional.

Sin institucionalidad que funcione de acuerdo con la separación de poderes, sin la confianza de los ciudadanos, no hay gobernabilidad que funcione aceptablemente.

Una nueva constitución que cambie la forma de gobierno, introduciendo uno que elimine el presidencialismo y fortalezca las instituciones, es la alternativa más efectiva y viable para recrear un país, guiado por un estadista y no solo por un presidente manejado por el poder económico de siempre.

Constituyente Si. Reformas No.

Ingeniero