¿OCDE = GAFI?
Publicado 2001/06/20 23:00:00
Nuestro país se encuentra en varias listas de países no cooperadores con uno u otro tema, mejor conocidas como listas negras. Hasta el momento, las listas negras de mayor relevancia son las de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Ambas listas, a primera vista, parecen como dos iniciativas distintas de organismos separados, pero en realidad no lo son.
La OCDE, organización que se describe a sí misma en su página de internet como un club de países ricos con intereses comunes, en 1998, emitió un reporte unilateral e inconsulto sobre prácticas fiscales dañinas e inició una dura campaña en contra de jurisdicciones que fueron listadas, con el argumento de que sus leyes y políticas impositivas erosionan sus bases de recaudación fiscal debido a que atraen capitales de sus países miembros mediante el ofrecimiento de ventajas que se constituyen en prácticas desleales. Desde entonces nos están presionando para que cambiemos nuestros principios y leyes. Esto, además de ser una grave intromisión en nuestra soberanía, representa una seria amenaza para nuestra economía debido a las consecuencias que dichos cambios pueden traer para el sector de servicios.
De la iniciativa de la OCDE se ve la clara preocupación que siempre ha existido por parte de los países industrializados por lograr mayores recaudaciones fiscales y la intención de eliminar la competencia internacional en materia fiscal que representamos para ellos, los mal llamados "paraísos fiscales". Por supuesto, en un ambiente de libre competencia los que ganan mercado dicen que su éxito se debe a sus ventajas competitivas, mientras los que pierden mercado acusan a los demás de realizar prácticas dañinas o desleales.
Para eliminar a la competencia, o como dice la OCDE, para que nuestros sistemas cumplan con los estándares internacionales (fijados por ellos, por cierto), se requiere cumplir con los principios de transparencia y libre intercambio de información.
Los principios antes descritos son muy similares a los que persigue el GAFI, que no es más que un grupo de trabajo nacido del seno de la OCDE. Resulta que el mismo grupo de países industrializados, más algunos otros, han tomado la preocupación por el lavado de dinero como si fuera exclusivamente de ellos y la han canalizado por medio del mencionado grupo. Mucha razón tienen en estar alarmados, pues la mayor parte de dinero se lava en los países industrializados, pero por ese mismo motivo no tienen justificación para presumir que dicha iniciativa es privativa de ellos, ni para convertirse en los acusadores de otros países que hemos luchado decididamente contra dicho delito.
Aprovechándose de la legítima preocupación que representa la lucha contra el lavado de dinero, el GAFI ha logrado cambios legislativos muy rápidos en los países listados. No quiero decir que al GAFI, en realidad, no le preocupe el lavado de dinero, estoy seguro de que comparten el principio. Pero, tomando en consideración que su papel dentro de la OCDE es estudiar el tema y hacer recomendaciones a sus países miembros (quienes pueden o no adoptarlas), debe llamarnos la atención que dicho grupo ha enfocado sus esfuerzos en países no miembros, ejerciendo presiones mediante su lista negra y la amenaza de sanciones.
Los elementos antes descritos parecen constituir indicios suficientes para pensar que, al final, las iniciativas de la OCDE y GAFI son esfuerzos coordinados para lograr el propósito que sus países miembros han buscado desde hace muchos años: el intercambio de información, no sólo sobre lavado de dinero, sino información en materia fiscal y sin un debido proceso. En otras palabras, quieren que les demos información que se encuentra dentro de sus fronteras en manos de contadores, abogados y banqueros, pero que debido a la protección de sus propias leyes a los derechos civiles de sus ciudadanos, no pueden obtener.
Debemos estar atentos, pues luego de todos los esfuerzos realizados por Panamá para cumplir con los estándares exigidos en la lucha contra el lavado de dinero y los múltiples elogios por parte del GAFI, pesa sobre ellos la carga de demostrar que su esfuerzo es independiente al de la OCDE. Esto solamente podrán hacerlo removiendo a Panamá de la lista negra en la reunión plenaria que finaliza este viernes, 22 de junio. Si en esta oportunidad no salimos de la lista, quedará claramente establecido que son motivos políticos los que nos mantienen allí y la credibilidad que puedan tener el GAFI y su lista negra sufrirá considerablemente.
La OCDE, organización que se describe a sí misma en su página de internet como un club de países ricos con intereses comunes, en 1998, emitió un reporte unilateral e inconsulto sobre prácticas fiscales dañinas e inició una dura campaña en contra de jurisdicciones que fueron listadas, con el argumento de que sus leyes y políticas impositivas erosionan sus bases de recaudación fiscal debido a que atraen capitales de sus países miembros mediante el ofrecimiento de ventajas que se constituyen en prácticas desleales. Desde entonces nos están presionando para que cambiemos nuestros principios y leyes. Esto, además de ser una grave intromisión en nuestra soberanía, representa una seria amenaza para nuestra economía debido a las consecuencias que dichos cambios pueden traer para el sector de servicios.
De la iniciativa de la OCDE se ve la clara preocupación que siempre ha existido por parte de los países industrializados por lograr mayores recaudaciones fiscales y la intención de eliminar la competencia internacional en materia fiscal que representamos para ellos, los mal llamados "paraísos fiscales". Por supuesto, en un ambiente de libre competencia los que ganan mercado dicen que su éxito se debe a sus ventajas competitivas, mientras los que pierden mercado acusan a los demás de realizar prácticas dañinas o desleales.
Para eliminar a la competencia, o como dice la OCDE, para que nuestros sistemas cumplan con los estándares internacionales (fijados por ellos, por cierto), se requiere cumplir con los principios de transparencia y libre intercambio de información.
Los principios antes descritos son muy similares a los que persigue el GAFI, que no es más que un grupo de trabajo nacido del seno de la OCDE. Resulta que el mismo grupo de países industrializados, más algunos otros, han tomado la preocupación por el lavado de dinero como si fuera exclusivamente de ellos y la han canalizado por medio del mencionado grupo. Mucha razón tienen en estar alarmados, pues la mayor parte de dinero se lava en los países industrializados, pero por ese mismo motivo no tienen justificación para presumir que dicha iniciativa es privativa de ellos, ni para convertirse en los acusadores de otros países que hemos luchado decididamente contra dicho delito.
Aprovechándose de la legítima preocupación que representa la lucha contra el lavado de dinero, el GAFI ha logrado cambios legislativos muy rápidos en los países listados. No quiero decir que al GAFI, en realidad, no le preocupe el lavado de dinero, estoy seguro de que comparten el principio. Pero, tomando en consideración que su papel dentro de la OCDE es estudiar el tema y hacer recomendaciones a sus países miembros (quienes pueden o no adoptarlas), debe llamarnos la atención que dicho grupo ha enfocado sus esfuerzos en países no miembros, ejerciendo presiones mediante su lista negra y la amenaza de sanciones.
Los elementos antes descritos parecen constituir indicios suficientes para pensar que, al final, las iniciativas de la OCDE y GAFI son esfuerzos coordinados para lograr el propósito que sus países miembros han buscado desde hace muchos años: el intercambio de información, no sólo sobre lavado de dinero, sino información en materia fiscal y sin un debido proceso. En otras palabras, quieren que les demos información que se encuentra dentro de sus fronteras en manos de contadores, abogados y banqueros, pero que debido a la protección de sus propias leyes a los derechos civiles de sus ciudadanos, no pueden obtener.
Debemos estar atentos, pues luego de todos los esfuerzos realizados por Panamá para cumplir con los estándares exigidos en la lucha contra el lavado de dinero y los múltiples elogios por parte del GAFI, pesa sobre ellos la carga de demostrar que su esfuerzo es independiente al de la OCDE. Esto solamente podrán hacerlo removiendo a Panamá de la lista negra en la reunión plenaria que finaliza este viernes, 22 de junio. Si en esta oportunidad no salimos de la lista, quedará claramente establecido que son motivos políticos los que nos mantienen allí y la credibilidad que puedan tener el GAFI y su lista negra sufrirá considerablemente.
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