"Por si acaso… ¡paremos todo el país!"

¿Te ha pasado que vas caminando por la calle y ves un perro solo, mirándote raro? Por precaución, cruzas la calle o cambias de camino. No sabes si es bravo, así que te cuidas. Pero al día siguiente lo ves otra vez en el mismo lugar, lo observas mejor, te acercas con calma y te das cuenta de que no era como lo imaginabas.

Primero actuaste con cuidado; después decidiste con más información. Eso es precaución, no vivir con miedo permanente. Ese mismo enfoque debería aplicarse al principio precautorio en Panamá. Este principio es una herramienta válida del derecho ambiental, pensada para prevenir daños graves o irreversibles al ambiente y a la salud, sobre todo cuando hay dudas científicas. El problema es que, en los últimos años, algunas ONG muy mediáticas lo han usado como excusa para atrasar proyectos, demandando estudios de impacto ambiental, frenando inversiones y llevando empresas a los tribunales, incluso cuando esos proyectos han cumplido con la ley ambiental.

El principio precautorio no significa "parar todo por si acaso", ni puede aplicarse sin sustento técnico. Usarlo bien requiere criterio científico, proporcionalidad y responsabilidad, no presión mediática en redes sociales ni acusaciones sin pruebas claras.

En Panamá existen proyectos evaluados mediante estudios de impacto ambiental aprobados, elaborados por equipos multidisciplinarios de biólogos, sociólogos, químicos, ingenieros ambientales, arqueólogos, forestales, abogados, entre otros profesionales. Estos estudios incluyen planes de mitigación, monitoreo permanente y fiscalización por parte de la autoridad ambiental. Aun así, algunos grupos siguen invocando el principio precautorio de forma general, sin demostrar riesgos reales de daño grave o irreversible, afectando la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones del país.

Hoy en día, la confianza en los estudios de impacto ambiental se ha visto golpeada por actores que parecen actuar más como bufetes de abogados que como especialistas ambientales, dejando de lado el criterio técnico y profesional de quienes elaboran estos documentos, atacándolos para generar retrasos en el inicio de operaciones, de acuerdo con una estrategia bien planificada y, a veces, financiada.

También hay que decirlo claro: cuando se usa este principio para detener proyectos sin base técnica, se generan pérdidas económicas y se afectan empleos formales de panameños. Y así como se habla de derechos ambientales, la ley panameña también protege a quienes resultan perjudicados por decisiones injustificadas. Sin embargo, cuando estas ONG son cuestionadas usando las mismas leyes del país, muchas veces se presentan como perseguidas o mártires de la causa ambiental. La responsabilidad debe aplicar para todos por igual, porque, como dice la Constitución, "no hay fueros ni privilegios" para nadie.

Este uso distorsionado del principio precautorio termina perjudicando a nuestro país:

- Se pierden oportunidades de empleo y desarrollo local.

- Se retrasa la inversión responsable.

- Se debilitan los mecanismos ambientales formales.

- Se confunde a la ciudadanía con información incompleta o sesgada.

- Proteger el ambiente y promover el desarrollo sí es posible, y Panamá ha demostrado que puede hacerlo con reglas claras, supervisión técnica y cumplimiento ambiental. Lo que el país necesita no es más confrontación ni posiciones extremas, sino debates serios, con datos, estudios y propuestas reales.

También hace falta que estos grupos formen parte activa de la solución: asesorando, fiscalizando con base técnica y ayudando a que los proyectos se hagan mejor, en beneficio del país, no oponiéndose por oponerse.

El principio precautorio debe servir para prevenir daños, no para convertirse en una herramienta de bloqueo permanente. Panamá merece decisiones ambientales responsables, basadas en evidencia y pensadas en el bienestar de todos.