En Panamá prevalece una práctica ilegal, con la complicidad de las autoridades, ya sea por comisión u omisión, que atenta directamente contra la propiedad privada.
Le toca al Estado resolver el déficit habitacional en el país, no a los particulares. Foto: EFE.
El derecho a la propiedad privada es inalienable, fundamental, natural, invariable por ninguna norma legal y perdurable en el tiempo.
Es una piedra angular de la democracia y la pacífica convivencia en sociedad.
Y no es casual que en nuestra Constitución Nacional el derecho a la propiedad privada esté consagrado en el Capítulo I, que enumera las garantías fundamentales.
El artículo 47 de la Carta Magna plantea taxativamente: "Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas naturales o jurídicas".
No obstante, a renglón seguido, en el artículo 48, establece que toda propiedad privada tiene que cumplir una función social y que por motivos de utilidad pública o de interés social, definidos en la ley, pueden ser expropiados mediante juicio especial e indemnización.
Norma de la cual se han registrado malas interpretaciones y abusos por consideraciones políticas.
Hago este preámbulo porque en Panamá prevalece una práctica ilegal, con la complicidad de las autoridades, ya sea por comisión u omisión, que atenta directamente contra la propiedad privada.
El precarismo, sea justificado o no, rompe con este orden jurídico. Conozco casos de particulares que llevan años tratando de recuperar una propiedad invadida. Le toca al Estado resolver el déficit habitacional en el país, no a los particulares.
Periodista.
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