Las familias desalojadas tienen dos años viviendo ilegalmente en un predio privado y no tienen opción de ser reubicados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Actualmente, los invasores de terrenos se burlan de las multas irrisorias que les colocan los jueces de paz por cometer este tipo de ilegalidades.
El ministro Rogelio Paredes explicó que nadie vivirá gratis en los terrenos. A los nuevos residentes de Las Mendozas se les dará facilidad de pago.
En la zona del nuevo asentamiento humano existen problemas de carreteras en mal estado, falta de escuelas y centros de salud, además de falta de seguridad policial.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ya dispuso de varias hectáreas de terreno en el corregimiento de Herrera, en donde los lotes serán asignados a las familias mediante un sorteo.
Para los que se resisten, les tenemos noticias: no se van a quedar donde están, dijo el ministro Rogelio Paredes.
El proyecto envía a la cárcel a los invasores de propiedades privadas y estatales, así como a las autoridades y policías que permitan esta práctica.
La representante María Deisi Díaz,precisa que todas las barriadas hechas en el corregimiento de Herrera, registran escasez en el suministro de agua potable, lo que empeorará con la llegada de nuevos residentes.
En la población de Panamá Oeste existen temas sociales, de cultura y de 'juega vivo' que hay que atacar, dice la gobernadora de la décima provincia.
La viceministra Daniela Martínez López dijo que el Miviot no está echando a la calle a estas familias que invadieron un terreno aledaño al hospital Nicolás Solano en La Chorrera, sino que les está dando una solución para que puedan mudarse.
El Miviot ha señalado en reiteradas ocasiones que estas personas deben salir de estos lotes que pertenecen a la Zona Libre de Colón.
Parte de esta finca servirá para reubicar a las más de 300 familias de un asentamiento informal existente en terrenos nacionales, próximos al hospital Nicolás Alejo Solano.
La iniciativa surge ante la insistencia de las familias que forman parte de estas invasiones de tierras a construir viviendas, en abierta violación a las normativas ambientales
En el campamento "Victoriano Lorenzo", en la 24 de Diciembre, hay unas 500 familias que se vieron en la "obligación" de ocupar el terreno por los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19, según cuentan algunos de los precaristas.
En Panamá prevalece una práctica ilegal, con la complicidad de las autoridades, ya sea por comisión u omisión, que atenta directamente contra la propiedad privada.
