Seguridad ciudadana y violencia contra niñas, niños y adolescentes

En América Latina y el Caribe viven 108 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, el 19% de la población total de la región. Muchos de ellos carecen de acceso a una educación de buena calidad; a la atención de la salud básica, al apoyo en materia de discapacidad y salud mental; y a espacios que les den oportunidades de participar plenamente en sus comunidades. A pesar de estos datos, las preocupaciones sociales parecen merecer una atención menos prioritaria frente a la seguridad ciudadana y los niveles de criminalidad y violencia que se identifican como preocupación primordial en las encuestas de opinión realizadas en la región.

Para muchos la figura del agresor es muchas veces la de un adolescente.

En este contexto, existe en la región una fuerte presión social sobre el sistema de justicia penal juvenil para encontrar respuestas que puedan hacer frente a esta preocupante percepción negativa de los adolescentes y su supuesta contribución a la expansión del crimen y la violencia. Como resultado se asiste a frecuentes decisiones judiciales con altos índices de privación de libertad, especialmente en la etapa previa al juicio.

Por otro lado, los programas de prevención de delincuencia juvenil y de reintegración social para los menores de dieciocho años, a lo largo de la región y particularmente fuera de las grandes ciudades, siguen siendo limitados; y son pocos los planes de especialización en derechos del niño y promoción de los derechos humanos para jueces y personal del sistema de justicia juvenil. Los niños y niñas que viven en la calle, o pertenecientes a comunidades indígenas, afro-descendientes, son víctimas frecuentes de estigmatización.

Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que el número de niños y niñas que se encuentran en detención preventiva en celdas y prisiones de la región ha ido aumentando.

Al mismo tiempo se ve un incremento de los proyectos de reformas legislativas que postulan la supresión de garantías procesales para los adolescentes acusados de infracciones de la ley; de las medidas que proponen la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal; el aumento de las penas privativas de libertad y los procesos de "protección" a los que son sometidos los niños que viven en la calle, quienes en muchos casos son presentados ante el sistema de justicia juvenil sin haber infringido la ley. Todo esto ocurre a pesar de que los datos de varios países en la región nos muestran que los porcentajes de delitos cometidos por niños, niñas o adolescentes siguen siendo muy inferiores al 5%, en comparación con los adultos.

La promoción de una perspectiva primordialmente punitiva que compromete los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, coloca a las personas menores de 18 años en situaciones de extrema vulnerabilidad y de victimización, no sólo de distintas formas de violencia, sino también de estigmatización y discriminación por razones de género, origen étnico, discapacidad y condición socioeconómica.

Para prevenir y responder de forma efectiva a la violencia se necesita una política integral de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, que dé prioridad a la prevención basada en sistemas de información e indicadores confiables y en recursos adecuados. Esa política integral debe basarse en el estricto cumplimiento de las normas internacionales ratificadas por los Estados y promover el respeto de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.