Funcionamiento
Esta fragmentación y segmentación gerencial, que se ajusta a la Ley No. 37 de 2009 de descentralización, no debe ser mal vista ni mucho menos desacreditada como ineficiente “duplicidad” de servicios públicos solo por contar con la ventaja de estos dos modelos (Beveridge y Bismarck), con financiamientos propios.
En Panamá, esta función rectora de regulación, vigilancia, financiamiento y ejecución, la debe administrar el Ministerio de Salud (MINSA). Foto: EFE.
En el sistema panameño de salud pública conviven y compiten sin coincidir dos modelos de gestión sanitaria, ambos diseñados para ofrecer una buena cobertura universal de calidad a la población, con un supuesto acceso nacional amplio, fácil y equitativo, financiado tanto por impuestos como por cuotas obrero-patronales, el uno y el otro teóricamente fiscalizados y supervisados por el gobierno de turno.
En el primer modelo de origen británico (Beveridge), el Estado agrupa y ofrece toda la atención sanitaria nacional pública como prestaciones suministradas y controladas por el gobierno, financiada a través de impuestos.
En Panamá, esta función rectora de regulación, conducción, vigilancia, financiamiento y ejecución, desde 1969, la debe administrar el Ministerio de Salud (MINSA), como única Autoridad Sanitaria Nacional (ASN).
En el segundo modelo de origen alemán (Bismarck) se utiliza la figura del Seguro Social como fórmula de gestión y filtro de acceso para la población asegurada, financiada por cuotas obrero-patronal que van directamente a la empresa gestora, donde el Estado se limita a ser el regulador de estos servicios.
En nuestro sistema esta acción protectora de seguridad social la ejerce desde 1941 la Caja del Seguro Social (CSS), institución pretendidamente autónoma e independiente que incluye otras prestaciones económicas sociosanitarias y extra sanitarias, por ejemplo, incapacidad temporal, accidentes laborales, recuperación profesional, maternidad, jubilación, muerte, etcétera.
Como complemento a este servicio público de salud de aparente “duplicidad”, existe un tercer modelo sanitario de atención privada, pagado directamente al proveedor por el paciente, parte del gran negocio de salud de nuestro capitalismo neoliberal, hipotéticamente regido por el mercado y supervisado por ASN.
Una verdadera competencia sana entre estos tres sistemas de atención sanitaria es buena y necesaria si existe cohesión y calidad en estas diversas fórmulas organizativas, rivalidad que normalmente debe mejorar su eficiencia porque siempre hay más demanda que recursos.
La red del sistema sanitario público actualmente consta de 915 instalaciones (835 del MINSA y 80 de CSS) entre hospitales de 3 niveles (menor a mayor complejidad); policlínicas; Centros de Atención, Promoción y Prevención (CAPPS); Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS); Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (CAPSI); y demás Centros, Subcentros y Puestos de salud, distribuidas en 16 regiones sanitarias a todo lo ancho y largo de las 10 provincias, 4 comarcas, 81 distritos municipales y 679 corregimientos de la República.
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Esta fragmentación y segmentación gerencial, que se ajusta a la Ley No. 37 de 2009 de descentralización, no debe ser mal vista ni mucho menos desacreditada como ineficiente “duplicidad” de servicios públicos solo por contar con la ventaja de estos dos modelos (Beveridge y Bismarck), con financiamientos propios.
Para administrar la red Minsa existen “Convenios de gestión”, firmados entre el MINSA y las 16 regiones sanitarias y los hospitales nacionales (además de un modelo mixto con fondos de la Coordinadora Nacional de Salud (Consalud); hospitales públicos administrados por Patronatos con “copagos”; más otras medidas para delegar estas competencias, si bien la red CSS sigue siendo, en teoría, autónoma e independiente, con “cuotas de recuperación” al comprar o vender servicios al Minsa.
Pero ¿por qué no funciona bien MINSA/ASN como instrumento de cohesión, coordinación y cooperación para este triple sistema?
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Salta a la vista la “partidocracia de turno” panameña que convierte al Minsa y CSS en botín político cada 5 años que además corrompe el negocio de salud privada con licitaciones amañadas.
La continuidad de planes sanitarios estratégicos y la cohesión y eficiencia del sistema quedan atrapadas y subsumidas ante estos antivalores y prácticas antidemocráticas, corrompiendo igualmente todo nuestro engranaje gubernamental, desde la justicia y educación hasta nuestro sistema de salud pública.
Pero esto es harina de otro costal y tema para otros artículos.
Economista.
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