Un Estado encarecedor

Los gobiernos son muy dados a culpar a los comerciantes por los aumentos en los precios de los productos de consumo. Cada vez que se detecta un incremento, nunca faltan funcionarios que rápidamente señalan a los mercaderes como aprovechados, abusivos y oportunistas. Rara vez esos mismos funcionarios evalúan su propia gestión y el impacto que tiene la misma sobre esos mismos precios. Pues resulta que sus actividades "reguladoras" a menudo, sino todo el tiempo, acaban causando gastos extraordinarios que inevitablemente tienen los comerciantes que incorporar a los precios de sus productos.
Por ejemplo, ahora está de moda que las autoridades de cuarentena exijan que se inspeccionen plantas de producción y procesamiento en el exterior. A países vecinos como los Estados Unidos y Argentina puede que no sea material el costo adicional de enviar a dos o tres funcionarios al año; sin embargo, cuando se trata de Europa o Asia se está ante un sobre costo importante. Imagínense si se trata de productos de bajo volumen; el incremento en el costo por unidad podría resultar importante.
Todo esto de los permisos fitosanitarios, en relación con productos vegetales y animales, ha acabado teniendo el mismo efecto. En primera instancia, históricamente se han demorado demasiado. Además, su temporalidad expone a los importadores a sobre costos en caso de que por cualquier motivo se retrase el embarque.
En vez de agilizar los trámites, asegurar predicibilidad y establecer mecanismos de reciprocidad en materia de alimentos que garanticen la seguridad humana y animal, los funcionarios del gobierno - desde Cuarentena Agropecuaria hasta Aduanas - parecieran empecinados en encarecer todos los productos.