Winston Spadafora Franco
Publicado 2001/11/01 00:00:00
- Marlene González /VIVA
Ayer dejó su cargo de ministro de Gobierno y Justicia, el Dr. Winston Spadafora Franco, abogado egresado de la Universidad de Bologna, Italia, y quien ha venido ejerciendo su profesión desde hace varias décadas con sobriedad y discreción, sin haber sido jamás objeto de escándalos públicos.
Atrapado en un inmenso dolor causado por la decapitación de su hermano Hugo Spadafora, médico guerrillero y uno de los creadores, en el gobierno del general Torrijos, de "Salud igual para todos" con ejecutoria en esa línea social en las provincias del Darién y Colón, Winston Spadafora tomó la bandera de sus familiares y del pueblo panameño en la búsqueda de los asesinos de su hermano y promoviendo actos de rebeldía ciudadana buscando la justicia, con su padre, ese gran azuerense que fuera Don Carmelo Spadafora, hombre de profundas raíces cívicas en su hábitat.
Fueron largas jornadas de lucha exponiéndose a los peores embates que puede ofrecer la actividad de una vida en los terrenos más peligrosos y tenebrosos de la dictadura, agravándose su martirio con la muerte de su padre, cuyo corazón no pudo resistir más la pérdida de su hijo Hugo. Estas cosas la traemos a la memoria de los panameños en momentos en que malsanas jugarretas de politiquería barata, pero interesada, se ciernen sobre una justa aspiración de Spadafora a ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Si alguien conoce de justicia es Winston Spadafora. Su clamor por justicia transitó todos los confines de la República y él no merece que se le trate de tachar sin que siquiera se le haya nombrado para ocupar una posición forense en la que tiene experiencia y que conoce profesional y académicamente.
Un ministro de Estado es nombrado a discreción por el Presidente de la República. Es su deber constitucional y legal discutir y aceptar directrices del jefe de Estado. Por ejemplo, el Presidente puede dar órdenes directas a la Fuerza Pública si así lo estima necesario y conveniente para su gestión en esta actividad de gobierno. Siendo la Fuerza Pública un segmento de capital importancia para la estabilidad de un gobierno, nuestra normativa legal fue sabia al disponerlo tal como lo hemos anotado, en un régimen eminentemente presidencialista como el que tenemos. El Presidente puede saltarse jerarquías administrativas si así lo estima conveniente o dar las instrucciones a sus subalternos de viceministros para abajo si lo necesita hacer. Para ello nombra y destituye, con el Ministro correspondiente a quien nombra, a todos los empleados del Organo Ejecutivo.
Los indultos los decreta el Presidente con el Ministro de Gobierno a discreción y esto lo señala la Constitución y la Ley. Después de la dictadura los últimos tres presidentes y vicepresidentes encargados, han ejercido este privilegio y Winston Spadafora ha salido a justificar muy claramente el por qué rubricó estos indultos.
Que sepamos no ha tenido escándalos en su gestión administrativa ni traiciones, ni negociados que se le pueden imputar. Entonces, ¿por qué un puñado de legisladores, porque sabemos que no lo son todos, quieren imponer una línea partidista para una votación en contra de Spadafora cuando no se trata de políticas públicas ni de Estado? Los legisladores de la República deben tener, por derecho propio, el poder de aprobar o improbar el nombramiento de un magistrado de acuerdo con el conocimiento y la apreciación de méritos que cada uno tenga para hacerlo.
No conocíamos a un Winston Spadafora como político. Y cuando él intervino en este campo, no trabajamos juntos en el mismo. Jamás hemos discutido sobre nuestras preferencias políticas, pero nos las hemos respetado. Sin consultarlo ni pedirle opinión, escribo esta columna absolutamente convencido de que el parentesco cercano no influye en la objetividad de estas líneas. Pero si hay intereses inconfesables en esta ocasión, haremos lo posible por investigarlos y revelarlos sin tapujos ante la opinión pública. Basta ya de distorsiones, trampas y trueques en órganos del Estado que no deben conducirse por intereses partidistas o personales.
Atrapado en un inmenso dolor causado por la decapitación de su hermano Hugo Spadafora, médico guerrillero y uno de los creadores, en el gobierno del general Torrijos, de "Salud igual para todos" con ejecutoria en esa línea social en las provincias del Darién y Colón, Winston Spadafora tomó la bandera de sus familiares y del pueblo panameño en la búsqueda de los asesinos de su hermano y promoviendo actos de rebeldía ciudadana buscando la justicia, con su padre, ese gran azuerense que fuera Don Carmelo Spadafora, hombre de profundas raíces cívicas en su hábitat.
Fueron largas jornadas de lucha exponiéndose a los peores embates que puede ofrecer la actividad de una vida en los terrenos más peligrosos y tenebrosos de la dictadura, agravándose su martirio con la muerte de su padre, cuyo corazón no pudo resistir más la pérdida de su hijo Hugo. Estas cosas la traemos a la memoria de los panameños en momentos en que malsanas jugarretas de politiquería barata, pero interesada, se ciernen sobre una justa aspiración de Spadafora a ocupar el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Si alguien conoce de justicia es Winston Spadafora. Su clamor por justicia transitó todos los confines de la República y él no merece que se le trate de tachar sin que siquiera se le haya nombrado para ocupar una posición forense en la que tiene experiencia y que conoce profesional y académicamente.
Un ministro de Estado es nombrado a discreción por el Presidente de la República. Es su deber constitucional y legal discutir y aceptar directrices del jefe de Estado. Por ejemplo, el Presidente puede dar órdenes directas a la Fuerza Pública si así lo estima necesario y conveniente para su gestión en esta actividad de gobierno. Siendo la Fuerza Pública un segmento de capital importancia para la estabilidad de un gobierno, nuestra normativa legal fue sabia al disponerlo tal como lo hemos anotado, en un régimen eminentemente presidencialista como el que tenemos. El Presidente puede saltarse jerarquías administrativas si así lo estima conveniente o dar las instrucciones a sus subalternos de viceministros para abajo si lo necesita hacer. Para ello nombra y destituye, con el Ministro correspondiente a quien nombra, a todos los empleados del Organo Ejecutivo.
Los indultos los decreta el Presidente con el Ministro de Gobierno a discreción y esto lo señala la Constitución y la Ley. Después de la dictadura los últimos tres presidentes y vicepresidentes encargados, han ejercido este privilegio y Winston Spadafora ha salido a justificar muy claramente el por qué rubricó estos indultos.
Que sepamos no ha tenido escándalos en su gestión administrativa ni traiciones, ni negociados que se le pueden imputar. Entonces, ¿por qué un puñado de legisladores, porque sabemos que no lo son todos, quieren imponer una línea partidista para una votación en contra de Spadafora cuando no se trata de políticas públicas ni de Estado? Los legisladores de la República deben tener, por derecho propio, el poder de aprobar o improbar el nombramiento de un magistrado de acuerdo con el conocimiento y la apreciación de méritos que cada uno tenga para hacerlo.
No conocíamos a un Winston Spadafora como político. Y cuando él intervino en este campo, no trabajamos juntos en el mismo. Jamás hemos discutido sobre nuestras preferencias políticas, pero nos las hemos respetado. Sin consultarlo ni pedirle opinión, escribo esta columna absolutamente convencido de que el parentesco cercano no influye en la objetividad de estas líneas. Pero si hay intereses inconfesables en esta ocasión, haremos lo posible por investigarlos y revelarlos sin tapujos ante la opinión pública. Basta ya de distorsiones, trampas y trueques en órganos del Estado que no deben conducirse por intereses partidistas o personales.

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