Yerros en la yerra constitucional

EL DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua nos define el yerro como: "Falta o delito cometido por ignorancia o malicia, contra los preceptos y reglas de un arte, y absolutamente, contra las leyes divinas y humanas. Descuido o error cometido por persona discreta o perita y que por consiguiente suele ser de más trascendencia". Por otra parte, la yerra o hierra es la "acción de marcar con hierro los ganados".
Con suficiente antelación y, por diversos medios, fuimos numerosos los ciudadanos partidarios de la Constituyente que alertamos -a tiempo-, que el precio que pagaríamos como sociedad por las implicaciones políticas y jurídicas del mecanismo impuesto para reformar la constitución militarista, producto del antojo (juicio hecho de alguna cosa sin bastante examen) reformista, no tardaría en manifestarse. Hoy, los nuevos escándalos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, la zozobra que vive el Organo Judicial y con él, la seguridad jurídica de los ciudadanos, nos ponen ante la evidencia y la urgencia de proceder a reestructurar el Estado a través de la convocatoria a una Asambleas Nacional Constituyente.
Recordemos que, gracias a sus influencias, los reformistas con el Pacto MAMI bajo el brazo, trasladaron la competencia para iniciar la reforma al recién electo Presidente el que, a su vez, buscó la capacidad para llevarla a cabo en el Ejecutivo saliente. El antojo tomó forma gracias al papel determinante de los medios de comunicación y la abierta identificación de sus propietarios y directivos de petrificar en la inmovilidad más absoluta la actual carta fundamental.
La ausencia de un procedimiento de reforma sirvió, en todo momento, de aliado determinante para la improvisación montada para el proceso de aprobación de las reformas que buscaban, más que nada, el fortalecimiento de la partidocracia, el autoritarismo y la autocracia, completamente de espaldas a la necesidad de un Estado pluralista que permita crear, garantizar y desarrollar un acuerdo básico para que la sociedad panameña pueda alcanzar un Estado de derecho, un Estado constitucional donde la democracia participativa no sea una quimera. Además, poco les importó introducir reformas efectivas al Organo Judicial, pero sí se dedicaron a multiplicar los poderes antidemocráticos del Tribunal Electoral.
El concepto de Constitución -y así lo denuncié en su momento- fue sometido al rosario de vicios procedimentales de forma y de fondo, a la larga cadena de adulteraciones de la técnica y de las normas constitucionales y se aprobó y promulgó la: "Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los actos reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983, por los Actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994 y por el Acto Legislativo 1 de 2004"
Pero ahora resulta, según nota AL-CGJYAC-102-04 cursada por el Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que "han detectado" en la publicación del Texto Unico de la Constitución tal como fue publicado en la Gaceta Oficial "un número plural de artículos que contienen palabras, frases y signos de puntuación distintos a los promulgados... Además, se observaron inconsistencias en el uso de las mayúsculas y en la acentuación de palabras, por lo cual hemos creído oportuno hacer la unificación de estos aspectos consistente con las reglas de la Real Academia Española". O dicho de otra manera: la actitud antidemocrática y el apuro los llevó a promulgar un mamotreto jurídico y ahora no saben cómo emparapetarlo. Aquellos yerros nos han dejado una yerra constitucional que ha marcado negativamente el acontecer nacional.
A raíz de la actuación en las reformas señalé que: "nunca antes en la historia del Derecho constitucional panameño se había asistido a tantas y tan flagrantes violaciones a todas las referencias teóricas y prácticas del constitucionalismo". Ahora, ante el rosario de fe de erratas, los responsables del mismo, a la vez que lo confiesan, lo intentan mantener oculto. Pero, como bien reza el adagio "a confesión de partes, relevo de pruebas".
Una vez más, el triángulo de las Bermudas, integrado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, intenta ahogar esperanzas y reclamos de un verdadero cambio y actualización constitucional como expresión del contrato social entre todos los panameños, que ha estado presente en las aspiraciones de los sectores mayoritarios del país.
Una vez más la retórica le da la espalda a la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo, al no querer poner en circulación la voluntad política necesaria para convocar democráticamente a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Permitiremos más yerros o nos atreveremos a rechazar una nueva yerra?