La Asamblea Nacional defendió el presupuesto que requiere para su funcionamiento y justificó la composición de su planilla, en medio de los cuestionamientos que han surgido sobre los recursos asignados y la cantidad de funcionarios que laboran en el Órgano Legislativo.
A través de un pronunciamiento, la institución señaló que durante los últimos 15 años su operación ha requerido recursos cercanos a los $175 millones anuales, por lo que considera que establecer un presupuesto de aproximadamente $120 millones, sin tomar en cuenta sus necesidades históricas y operativas, generaría una brecha que afectaría su funcionamiento.
La Asamblea sostuvo que necesita contar con los recursos para ejercer de manera independiente las funciones que le asigna la Constitución.
En cuanto a la planilla, explicó que sus labores no se limitan a las sesiones del Pleno, debido a que mantiene en funcionamiento 15 comisiones, además de equipos técnicos, jurídicos, administrativos y legislativos que participan en la elaboración, análisis y discusión de proyectos de ley.
Según las cifras divulgadas, el 40% de los funcionarios mantiene una relación laboral permanente, mientras que el 60% corresponde a personal eventual.
La institución también rechazó que los salarios elevados sean representativos de la mayoría de sus colaboradores. Indicó que el salario promedio ronda los $1,500 mensuales y que, dentro de la categoría de Asistente Administrativo I, que agrupa a 2,766 funcionarios, aproximadamente la mitad recibe $1,200 al mes.
Asimismo, precisó que solo 74 funcionarios permanentes devengan salarios de hasta $5,000. Estos colaboradores ocupan cargos directivos, técnicos o especializados dentro de la estructura legislativa.
La Asamblea Nacional manifestó que está abierta al escrutinio público y que continuará ofreciendo información sobre su funcionamiento, aunque insistió en que el análisis de su presupuesto y planilla debe realizarse tomando en cuenta las cifras oficiales y el contexto institucional.
La entidad agregó que defender la autonomía del Órgano Legislativo no significa evadir la rendición de cuentas, sino garantizar que pueda cumplir las responsabilidades que le corresponden dentro del equilibrio democrático del Estado.
