Contrataciones directas tramitadas por el Ministerio de Seguridad no tienen justificación
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Jonathan Del Rosario, apela a figuras como 'beneficio social' o supuesta 'urgencia' para contratos directos, pero según voces de la sociedad civil, lo que realmente hay es un interés por negociaciones.
El titular del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), Jonathan Del Rosario
El titular del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), Jonathan Del Rosario, en corto tiempo ha adjudicado varios contratos directos, lo que ha provocado críticas de voceros de la sociedad civil, quienes advierten que no existe justificación alguna para que el Gobierno insista en echar mano de la figura de "procedimiento excepcional".
Dos contratos adjudicados de manera directa para la construcción de cuarteles de la Policía Nacional ya forman parte del prontuario de tramitaciones con este formato, bajo la responsabilidad del actual ministro de Seguridad.
El primero de ellos lleva el agravante de un viso de tráfico de influencias, al ser otorgado de manera selectiva a la empresa Ingeniería Rec, vinculada al empresario Eduardo Di Bello, familiar del presidente Juan Carlos Varela.
Este contrato es por 7 millones 100 mil dólares para la construcción del cuartel de la Policía Nacional en la ciudad de Colón.
El segundo de estos procedimientos excepcionales es para la construcción del cuartel de Policía en David, provincia de Chiriquí, por un monto de 10 millones 399 mil dólares, a favor de la empresa Jera.
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Esta tramitación apela a la figura de "beneficio social" para justificar la contratación directa.
A pesar de que la presencia de Jonathan Del Rosario como ministro titular es reciente, su gestión mantiene la tendencia del Minseg a apelar a contrataciones directas.
Por ejemplo, a finales de octubre se aprobó otro contrato por 19.8 millones de dólares para la adquisición de equipos de vigilancia informáticos y tecnológicos, e insumos para crear un Centro Interagencial de Operaciones (C-5 Fase I).
Según la Resolución de Gabinete, en equipo informático y tecnológico se comprarían 12 millones 284 mil 938 dólares, mientras que por el soporte técnico y mantenimiento por 3 años se pagaría 7 millones 573 mil 80 dólares.
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Sin embargo, las críticas no van enfocadas tanto a los montos contratos, sino a la premura con la que se han venido tramitando estos servicios, mostrando un afán contrarreloj por cerrar negocios en la fase final de este gobierno.
"Yo no creo que exista tal urgencia como para que el país le adjudique estos contratos a la primera empresa que estaba a la mano", reaccionó la economista Maribel Gordón.
También se refirió a la decisión de seguir contratando a empresas señaladas en investigaciones del Ministerio Público, como Ingeniería Rec, que se encuentra en el expediente del caso Blue Apple.
El Gobierno dice que eso está dentro del criterio de la legalidad, pero Gordón se pregunta si no hay más empresas.
"Esto confirma que la gestión Varela no está caminando hacia la eficacia, sino hacia los negocios... ¡preocupante!", concluyó Gordón.