Panamá
La Asamblea acogerá el veto parcial que sufrió el proyecto que crea un documento negociable para pagar la prima de antigüedad a servidores públicos, cuyas instituciones no tienen presupuesto para dicha finalidad.
Leandro Ávila (centro) preside la comisión de Gobierno y fue el proponente del proyecto. Foto: Cortesía Asamblea
Si el Órgano Ejecutivo insiste en vetar el proyecto que contempla la emisión de certificados negociables para cancelar primas de antigüedad a servidores públicos, se corre el riesgo de sufrir un revés en la Corte Suprema de Justicia, advirtió el diputado Leandro Ávila.
Ávila precisó que sobre este tema ya ha existido pronunciamiento de la administración de justicia panameña.
“Ya la Corte se ha pronunciado sobre este derecho en más de seis ocasiones y ha dicho que hay que pagarle a los trabajadores”, enfatizó.
Este martes, la comisión de Gobierno de la Asamblea, acogió la objeción parcial realizada por el Ejecutivo sobre el proyecto, veto que para el diputado, quien fue proponente de la iniciativa, no tuvo lógica.
“El veto se hace es, precisamente, para trancar la posibilidad de que los trabajadores puedan cobrar. No tiene ni un sentido lógico”, consideró Ávila.
Recordó que este mismo gobierno en 2021, reconoció a través de una ley que salió de la Asamblea, el derecho que tienen los trabajadores de cobrar.
En tiempos de austeridad, este sería un buen mecanismo para depurar la planilla estatal, aseguró el diputado del PRD, al plantear que existen 23 mil servidores públicos que están jubilados, pero que esperan que se les reconozca su prima de antigüedad para poder retirarse.
Además, sería una opción para inyectar a la economía local, ya que es una deuda flotante de entre 60 y 80 millones de dólares, la que existe con estos funcionarios.
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En la actualidad, solo 8 instituciones han pagado primas de antigüedad a sus funcionarios, mientras que la mayoría no tiene presupuesto para cumplir con esa responsabilidad.
Ávila explicó que el proyecto da la alternativa de que las instituciones que tengan el recurso puedan pagar en efectivo, mientras que aquellas que no lo tienen puedan cumplir mediante documentos negociables.
Sobre este último punto, diferentes asociaciones de servidores públicos han expresado su oposición a estos certificados negociables y han propuesto que se cancele una parte en bonos, mientras que otros piden que el total de la deuda sea desembolsada en efectivo.
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