Secretaria general de la Defensoría del Pueblo renuncia, tras ingreso de Maribel Coco a esa institución
Joyce Araujo, recuerda que la ley que crea la Defensoría del Pueblo es clara y establece que las personas designadas como defensor o defensor adjunto, no pueden estar vinculados en temas partidarios ni tampoco ser militantes
La exsecretaria general de la Defensoría del Pueblo denuncia que se está politizando esa institución.
Tras la designación de la perredista Maribel Coco como defensora adjunta, la hasta hoy secretaria general de la Defensoría del Pueblo, Joyce Araujo, renunció.
Explicó que, al buscar referencias, pudo conocer que Maribel Coco, es una persona muy activa en temas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que no tiene la suficiente experiencia en temas de derechos humanos.
Joyce Araujo, recuerda que la ley que crea la Defensoría del Pueblo es clara y establece que las personas designadas como defensor o defensor adjunto, no pueden estar vinculados en temas partidarios ni tampoco ser militantes.
Sobre las razones por las cuales se dio esa designación, indicó que habría que preguntárselas al propio defensor, Alfredo Castillero, quien pasó por un proceso de selección y conoce lo que establece la ley, dijo la exsecretaria.
Planteó que la Defensoría del Pueblo, es un espacio que se ha creado blindado del tema partidista para poder que consiga desarrollar sus objetivos y funciones de manera adecuada, “pero siendo la de Coco una designación meramente política, lo que hace es que minimiza las actividades que debe realizar la defensoría.
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Denunció que hay presión en la institución de parte del Ejecutivo.
Recordó que la defensoría es la entidad que se encarga de investigar los casos de violación de derechos humanos cometidos por el Estado.
Agregó que la designación de Maribel Coco impactaría “ enormemente” la labor de la Defensoría del Pueblo, pues con qué autonomía se podrían hacer investigaciones sobre violación de derechos humanos.
La exfuncionaria señaló que si se llega a realizar una investigación al defensor del pueblo, se debe hacer bajo los parámetros de la ley, pero la Asamblea Nacional no es el organismo con competencia para hacerlo.
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