Panamá
Abogada Ceyla Peñalba insiste en que el caso debe enviarse al Ministerio Público porque son recursos públicos. El fiscal electoral dijo que el TE tiene que garantizar que estos hechos no ocurran.
El manejo irregular del subsidio electoral fue realizada por 15 diputados que adversan la forma como Rómulo Roux ha manejado CD. Foto: Archivo
Ante las denuncias sobre el mal uso de los recursos del subsidio electoral por parte de la directiva del partido Cambio Democrático (CD), todavía no existe un pronunciamiento en firme por parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), a pesar de que en un informe se comprobó que hubo hechos que no se ajustaron a la legalidad.
La abogada Ceyla Peñalba, quien representa a los 15 diputados del partido que interpusieron la denuncia, considera que este informe debe dar pie a una investigación por parte del Ministerio Público (MP), porque se está hablando de recursos públicos.
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"El tema es que si hubo beneficio personal, nosotros somos de la teoría que el MP debe investigar, porque son recursos públicos que provienen del 1% del presupuesto anual del año anterior a las elecciones", argumentó la abogada.
De parte del TE, solo se le entregó ese informe de auditoría realizado por la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Público de la entidad, en el que se ordena a los directivos de CD a devolver el recurso, sin otra decisión adicional sobre hechos que podrían ser considerados como actividades delictivas.
"En ese informe se indicaban las irregularidades que se habían cometido en cuanto a los alquileres, sus montos exorbitantes, y la contratación de personas cercanas a los miembros de la junta directiva", recordó Peñalba.
En torno a este hecho, el fiscal general electoral, Dilio Arcia, manifestó que le corresponde al TE, a través de la dirección de Fiscalización del Financiamiento Público, establecer el control sobre cómo se manejan esos fondos.
"Se supone que si el TE hace el desembolso para el pago de los arrendamientos es porque ha verificado, en su fiscalización, de que no existe ninguna contradicción con la ley", expresó.'
En el informe se evidenció que algunos contratos a lo interno de Cambio Democrático (CD) se realizaron con parientes de directivos del colectivo.
Se consideró excesivo el periodo del arrendamiento (20 años) de la oficina de CD en Chitré, vinculada a familiares del exdiputado Manuel Cohen.
Se hace la observación que ni el departamento de Monitoreo ni la Unidad de Fiscalización Interna del TE, efectuaron objeción a dicho contrato, cuando se debió haber exigido al partido su corrección.
Se ordenó a la directiva de CD a devolver $4,500 de la compra de mascarillas realizadas con el subsidio.
En el caso de CD, Arcia señaló que la ley es clara, al indicar que no puede arrendarse los inmuebles a una persona que tiene vínculo con algún miembro de la junta directiva del partido.
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Y esto pudo comprobarse en el informe, con locales del partido en Chitré y Los Santos que fueron alquilados a sociedades, cuyos signatarios tiene vínculos familiares con los exdiputados y directivos del partido, Manuel Cohen y Mariela Vega.
"Se supone que con una buena supervisión se hubiera rechazado el desembolso de dicho recurso, cuando se solicitó por estar en violación a la ley", consideró el fiscal electoral.
Dilio Arcia recordó que en la dirección de Fiscalización del Tribunal Electoral hubo destituciones que quizás guarden relación con lo acontecido en Cambio Democrático.
Sin embargo, en la actualidad de parte de la corporación electoral no ha habido un pronunciamiento de las causas que llevaron a realizar los cambios en dicha dirección.
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La abogada Ceyla Peñalba informó que acudirá la próxima semana a la Secretaría General del TE para conocer si ha habido alguna respuesta a las consideraciones que realizó sobre el informe de auditoría.
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