Un subprograma sin reglas ni uso específico
Un programa destinado a emergencias en las comunidades estaba libre de todo control y fiscalización es el que hoy está en el ojo de la tormenta en la AND.
2016 año en que se comenzó a distribuir en municipios y juntas comunales lo recaudado del impuesto de bien inmueble.
El Subprograma de Interés Social que funcionó como una descentralización paralela en el gobierno anterior, no tenía ningún mecanismo de fiscalización.
La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, informó que en la entidad no existe registro ni información que evidencie que se realizó seguimiento o fiscalización al uso que le dio cada junta comunal a los fondos que recibieron.
Méndez describió que el subprograma no tenía reglamentación ni uso específico para el cual debía ser aprobado ni normas establecidas para la rendición de cuentas, lo que permitió que la partida se convirtiera en una forma fácil de ser utilizada de manera discrecional.
"Solo era necesario girar instrucciones al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, y el Estado proporcionaba el dinero que se entregaba directamente, en su mayoría, a una junta comunal. También, se incluían algunos municipios", reveló.
La norma que descentraliza la Administración Pública data de 2009 y mediante la Ley 66 de 2015 se dispuso que las partidas de inversión y saldos de cuatro programas pasaran a la entonces Secretaría Nacional de Descentralización, antecesora de la AND.
Estos fueron el Programa Nacional para el Desarrollo Local (Pronadel), Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec), Programa de Inversión Local (Proinlo) y Programa de Obras Comunitarias (POC).
Méndez comentó que cuando llegó a la AND encontró varios programas de transferencias financieras con sus respectivos reglamentos.
De estos, tres contaban con su reglamentación de uso, sustentaciones que debían acompañar a las propuestas y mecanismos claros.
No obstante, halló un cuarto programa, el conocido como de Interés Social, que se creó originalmente para atender situaciones de emergencia en un distrito o corregimiento, debido a desastres naturales, incendios o problemas catastróficos similares.
Este era el que carecía de todo mecanismo de control y fiscalización y se convirtió en una partida discrecional.
En efecto, existe la solicitud y la constancia de las transferencias, pero los expedientes tienen muy poca información y carecen de detalles sobre el uso de los fondos y la rendición de cuentas, explicó la funcionaria.
"Por esta razón, estamos requiriendo a todas estas instituciones de gobiernos locales que fueron beneficiadas con estos fondos, que nos rindan un informe contable que evidencie en qué se utilizaron estos recursos para verificar si justifican los montos que les fueron asignados", comunicó Méndez.
FiscalizaciónOtro hecho que notó la directora general de AND es la falta de ejecución de un mecanismo de fiscalización posterior a los programas.
Advirtió que solo en uno se inspeccionaban las obras y los avances.
La AND ya comenzó a enviar las notas a las juntas comunales y algunos municipios para que expliquen el uso de esos fondos en un plazo de 60 días.
En el caso de las autoridades locales que se reeligieron, Méndez espera que asuman su responsabilidad por los fondos que recibieron.
Sobre las nuevas autoridades, solo basta con decir que no tienen la documentación, si ese fuera el caso, lo que servirá de respaldo para remitirlo al Ministerio Público.
"Queremos mandar un mensaje claro, de que este procedimiento ya no se va a repetir", dijo Méndez.