"Yo dije una vez que esto era como un secuestro", Guillermo Ferrufino

Luego de que el Juzgado Decimoquinto de lo Penal del Primer Distrito Judicial declarara nulo el proceso en su contra por presunto peculado y corrupción en el alquiler de helicópteros, el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino hizo fuertes señalamientos en contra de los fiscales del Ministerio Público (MP).

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Ferrufino, en entrevista a Nex Noticias, manifestó que "la saña del Ministerio Público nos hizo sufrir mucho", dentro del proceso que enfrentó por presunto peculado.

"Es duro, porque tú no puedes estar en los momentos difíciles que puede tener un familiar. Yo una vez dije que esto era como un secuestro, cuando no hay posibilidades de que te den una fianza o un cambio de medida. Yo le rogaba a la fiscal cuando iba a las declaraciones y no le importaba", agregó.

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El funcionario de la administración pasada indicó que la única manera de obtener algún tipo de beneficio, era si declarabas en contra de Ricardo Martinelli.

"Si tú dices algo de Ricardo Martinelli o de algún empresario, usted sale en cinco días", era la respuesta que, según Ferrufino, recibió en la fiscalía.

Agregó que el no decirle lo que ellos querían le costó cerca de seis meses más de cárcel.'

Ferrufino, dos años detenido sin una previa auditoría de la Contraloría

El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, quien   estuvo dos años detenido en El Renacer,  estaba siendo investigado por el presunto delito de peculado y corrupción por el alquiler de helicópteros en el Mides.

El exministro quedó detenido, luego de que la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce le aplicara una medida cautelar de detención preventiva, por el supuesto sobrecosto en el alquiler de helicópteros, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En su momento, las investigaciones de la Fiscalía indicaban que el precio de arrendamiento de las naves oscilaba en $3,000 dólares la hora, cuando en el mercado el valor es de 1,800 dólares.

Luis Carlos Cabeza, quien fue abogado del exministro, indicó que su cliente fue detenido injustamente y que no había cometido ningún tipo de delito a través de estos alquileres.

Cabeza también manifestó que se estaba viviendo una especie de “terrorismo judicial”.

El exministro del Mides les pidió a las autoridades y al próximo mandatario cesar el odio y la búsqueda de venganza, lo que le ha hecho un daño muy grande al país, y reiteró que su detención se dio sin una previa auditoría por parte de la Contraloría General de la República.

El veredicto del juez Leslie Loaiza,  a favor del exfucionario, se argumentó con base en "las dudas sobre el método de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República", según un informe del Órgano Judicial.

Ante esto, expertos manifestaron a Panamá América que ha quedado una vez más demostrado que todos estos casos son producto de una "estrategia maléfica", ideada desde la Presidencia de la República, con el fin de destruir políticamente a los miembros del gobierno pasado.

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Según ellos, todos estos expedientes tienen muchos cabos sueltos, sobre todo en el tema de las auditorías de la Contraloría, en el que por más que se quiera incriminar a una persona, debe haber números que la respalden, algo que ha quedado demostrado con el fallo de Loaiza a favor del exministro Ferrufino.

Falseo en auditorías

Con este reciente fallo dado por el juez Leslie Loaiza a favor del exministro del Mides, Guillermo Ferrufino, hay quienes manifiestan que ha quedado demostrado cómo la Contraloría General de la República, que dirige Federico Humbert, falseó información para incriminar a miembros del gobierno pasado.

Uno de ellos es el expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal, quien indicó que la "importancia del fallo en el caso de helicópteros es que está documentando en el expediente cómo la Contraloría falseó una auditoría, a pesar de haber sido advertida de que estaban usando información errada, para concluir que faltaban vuelos y que había una lesión patrimonial.

Martinelli agregó que todos aquellos que participaron en armar expedientes para torcer la justicia, deben pagar las consecuencias de sus actos.