Un juez federal de Argentina procesó al ex procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino por el delito de "administración fraudulenta", en una causa que investiga un supuesto pago irregular a un grupo empresarial cuyos bienes fueron expropiados por la dictadura, informaron hoy fuentes judiciales.
El juez Sergio Torres también dispuso un embargo de unos 250.000 dólares sobre los bienes del ex procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), quien renunció en enero pasado en medio del escándalo que enfrentó al Gobierno con el Banco Central y la oposición por el uso de reservas monetarias para el pago de deudas.
En su resolución, el magistrado acusó a Guglielmino de "haber coadyuvado, impulsado y procurado la homologación judicial de la liquidación de una deuda reclamada al Estado por el grupo empresario Greco, decretada el 11 de agosto de 2005", por unos 85 millones de dólares (al cambio actual).
En 1980 la dictadura militar (1976-1983) expropió 33 compañías al Grupo Greco y detuvo a tres de sus socios principales, tras acusar a ese consorcio de "subversión económica".
Nueve años después el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) reconoció el derecho del grupo -dueño de bancos, entidades financieras, viñedos, bodegas y medios de comunicación- a cobrar una indemnización.
El pago nunca llegó a concretarse, por lo que el Grupo Greco presentó una demanda civil que concluyó en 2001, cuando el juez Francisco de Asís Soto dispuso el pago de casi 600 millones de pesos (por ese entonces igual a dólares).
En 2006 Felisa Miceli, la entonces ministra de Economía del Gobierno de Néstor Kirchner, firmó una resolución que disponía las partidas presupuestarias necesarias para saldar la indemnización.
Pero ante denuncias de irregularidades presentadas por la oposición, el Ejecutivo frenó el pago y adujo que los abogados del ministerio de Economía que habían reconocido la deuda habían hecho un complot con el Grupo Greco y juntos habían cometido fraude contra la Administración pública.
La situación judicial de los cuatro abogados denunciados está pendiente de resolución por parte del juez Torres, quien tampoco avanzó sobre las conductas de Miceli y de otros funcionarios en el asunto, cuestionadas por un abogado particular.
Miceli renunció a su cargo en julio del 2007 en medio de otro escándalo de presunta corrupción por el que ha sido procesada.
En julio de 2008 el magistrado de Asís Soto cerró este resonante caso judicial, al dejar sin efecto la millonaria indemnización.
