Moradores rechazan extracción de arena

Colón. Unos 250 pobladores de la comunidad costera de Palmas Bellas en Chagres de Colón solicitaron al Ministerio de Comercio e Industrias la suspensión inmediata de la extracción de arena que realiza la empresa DIPROAM S.A. A juicio de los residentes está afectando el ecosistema y ha contribuido a la destrucción de sus viviendas.
En una carta dirigida al ministro Joaquín Jácome, los miembros de esta comunidad señalan que la extracción de arena del subsuelo marítimo ha provocado que las costas arenosas frente a sus viviendas desaparezcan.
Además ha incrementando a su vez el movimiento de las aguas oceánicas y la consecuente erosión de la arena de las playas y de lo que forma su hábitat. De acuerdo a la denuncia, la situación afecta a personas de escasos recursos dedicados mayormente a la pesca artesanal y la agricultura de subsistencia.
222Producto de esta actividad la pesca en el sectorse ha vuelto escasa y peligrosa, debido a los fuertes oleajes producto de un mayor fondo marino.
Sostienen que el daño que se está haciendo provoca la desaparición del lecho marino, la pesca se ha hecho escasa y peligrosa por los oleajes violentos, producto de un mayor fondo marino. El desastre ecológico ha dejado pérdidas materiales incalculables y la destrucción de varias viviendas que por años han estado situadas a orillas del mar y que han sido arrasadas por las olas.
"La respuesta de las autoridades es la reubicación de la comunidad cuando deben reubicar es a los extractores de arena, destructores del medio ambiente y mercaderes de la miseria de un pueblo que existe en la zona desde hace muchos años", expresan los quejosos. Según informaciones, la empresa DIPROAM S.A. recibió la autorización para la extracción de arena a través del contrato 174 de 20 de agosto de 2001 que celebró la compañía con el Ministerio de Comercio.
Los firmantes han solicitado a Jácome una respuesta para el 1 de agosto en vías de proponer soluciones a la comunidad que está siendo afectada por la extracción del recurso marino. La preocupación se ha extendido al Defensor del Pueblo y al Contralor General, donde se informa con pruebas cómo han quedado las viviendas producto de la extracción de arena.