Ha transcurrido varios días desde que se dio a conocer la tragedia ocurrida en Altos de El Terrón, región indígena entre las provincias de Veragüas y Bocas del Toro y todavía se percibe en el ambiente, en los medios de comunicación social y en las redes sociales, el dolor y el sufrimiento de una comunidad al verse impotente ante tan abominable acto, donde siete personas fueron asesinadas y lamentablemente seis de ellas, eran menores de edad.

No hay duda que las comarcas del país carecen de muchos recursos del Estado, son poblaciones olvidadas, donde a la hora en que los políticos trazan sus programas y proyectos para sus proyecciones electorales muy poco los toman en cuenta, pero cuando estos grupos salen a las calles a realizar sus reclamos por mejores condiciones de vida y para proteger su medio ambiente, entonces surgen de parte de los gobiernos todas las respuestas habidas y por haber.

Al menos el Ministerio Público logró llevar a los autores materiales de esta masacre ante el Sistema Penal Acusatorio para imputarle cargos por homicidio, violación, privación de libertad, entre otros delitos. Sin embargo, las acciones de las autoridades no sólo deben limitarse a la Procuraduría sino a otras instituciones del Estado, como: Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y demás, para ofrecer a estos pueblos vulnerables unas mejores condiciones de vida.

El trauma causado por esta masacre no sólo ha afectado a la población adulta sino también a niños de distintas edades, razón por la cual se ha tenido que trasladar a especialistas en salud mental (psicólogos) para tratar de ayudar a minimizar este impacto dejado por esta masacre que cobró la vida incluso de una mujer embarazada. Nadie jamás podrá comprender esta actitud violenta que asumen algunas sectas llamadas religiosas que en nombre de Jesús cometen estas atrocidades, si en el fondo Jesús en ningún momento apeló ni a la violencia ni a la muerte de nadie.

Los miembros de la tal secta Iglesia de Dios" tendrán que asumir sus responsabilidades, pero también es un hecho cierto que estos grupos indígenas carecen de todo, no sólo de servicios básicos sino de entidades que los ayuden a orientarlos y tratar de sacarlos de la pobreza extrema en la que se encuentran.

No hay duda que algunos grupos dizque llamados sectas religiosas se aprovechan de la ignorancia y analfabetismo que presentan estas comunidades apartadas para sembrar odios, envidia, revanchismos y poder así manipularlos a su antojo y tratan de conseguir algunos acercamientos para la explotación de sus recursos. Posiblemente nadie pensaría que esto iba a ocurrir en pleno siglo 21, pero así es.

Hay que recordar que los grupos más frágiles para manipular son precisamente aquellos que viven en zonas apartadas donde los índices de analfabetismo son elevados. Aquí no sólo se aprovechan sectas religiosas, sino todos aquellos aduladores, charlatanes que le venden ideas religiosas y de otras especies a estas personas que al final quedan creyendo en estos manipuladores.

El Gobierno así como está decidido a rescatar a estos grupos de hermanos Ngabe, también deben enfocar su atención a otras zonas de extrema pobreza, donde sus habitantes son explotados por todo tipo de grupos que sólo buscan aprovecharse de estos pobladores. También es importante que instituciones como los ministerios de Salud, Educación y MIDES, y por qué no, las autoridades de la AIG, de tecnología permitan que estos panameños tengan también acceso a una comunicación rápida y eficaz como Internet. Porque si realmente queremos a nuestros hermanos indígenas de la extrema pobreza es el momento de dotarles de las herramientas necesarias para que así lo logren y evitar que una tragedia similar se repita jamás.