El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti afirmó hoy que "no le cierra a nadie" que por ley no se pueda dejar sin efecto la Ley de Caducidad "y por decreto sí".
En declaraciones a la web del diario El Observador, Sanguinetti criticó la decisión del hoy mandatario, José Mujica, de anular por decreto una decisión tomada por él cuando era presidente en relación a una causa judicial por la desaparición de una persona durante la dictadura (1973-1985).
El decreto suscrito ayer por Mujica permitirá reabrir la causa por la desaparición de Álvaro Balbi, que por decisión de Sanguinetti, presidente en 1985-1990 y en 1995-2000, quedó sujeta a la ley que dejó sin juicio los crímenes de la dictadura, conocida como Ley de Caducidad y a punto de ser anulada por el Parlamento.
"No le cierra a nadie que por ley no se puede (eludir la Ley de Caducidad) y por decreto sí. Nos hubieran dicho antes, es un absurdo tan monumental que no resiste el menor análisis, no ya jurídico sino lógico", afirmó Sanguinetti a "El Observador".
La firma del decreto se interpreta como una manera por parte de Mujica de sortear el plan del gobernante Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad en el Parlamento, una iniciativa que ha recibido críticas no solo por motivos políticos sino también por razones jurídicas y constitucionales pues esa ley fue refrendada dos veces por los uruguayos en plebiscitos realizados en los años 1989 y 2000.
Mujica no cree conveniente ir contra la voluntad popular pero ha anunciado que no vetará la anulación si es aprobada en el Parlamento.
Para Sanguinetti, el debate que se ha desatado dentro del Frente Amplio por la anulación de la Ley de Caducidad es "todo una gran confusión y el resultado de no tener las cosas claras".
Una anulación de la Ley de Caducidad abrirá la puerta a decenas de juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El proyecto ya fue aprobado por diputados y senadores pero volvió a los primeros debido a modificaciones menores en el Senado.
El presidente Mujica se reunió por sorpresa la pasada semana con los diputados oficialistas y les alertó que si se aprueba la anulación, el FA tendrá que pagar un coste político.
Sanguinetti, abogado de profesión, consideró que los plebiscitos de 1989 y 200 "son definitivos", porque en la estructura institucional de Uruguay "el cuerpo electoral es el órgano máximo, está por encima de los otros tres poderes".
El expresidente consideró que con el camino elegido por la izquierda en el tema de la Ley de Caducidad "van hundiendo al país en un terreno de degradación del estado de derecho".
"Vamos a tener un galimatías jurídico para 10 ó 20 años más, porque se van a recurrir esas derogaciones; nada de esto es gratuito", aseguró.
El FA convocó para mañana a un Plenario para definir la postura que deberán tomar sus diputados el 19 de mayo cuando está previsto que se vote la ley interpretativa para anular la de Caducidad.
