Antai: Datos sobre auxilios económicos deben ser públicos

La información del uso y disposición de fondos del Estado es de carácter público, advirtió la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) en referencia a los cuestionados auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La Antai recordó que tras una investigación recomendó dejar sin efecto la Resolución No. 320-2021-522 de 3 de agosto de 2021 por medio de la cual dicha institución solicitaba declarar como "datos confidenciales" las resoluciones emitidas por los Comités y Actas del Consejo Nacional al igual que la información del otorgamiento de beneficios económicos que por su naturaleza son de carácter público. 

De igual forma, se instruyó al Ifarhu a reglamentar su programa de "auxilio económicos" incluyendo en el mismo una convocatoria pública para aspirantes, la rendición de cuentas mensuales con los datos de los beneficiarios, los montos desembolsados, los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactorios, así como el listado de beneficiarios que han incumplido sus obligaciones y el detalle de las suma recuperadas por dichos incumplimientos. 

Adicional a estas acciones, la Antai solicitó al Ifarhu un informe del estatus, ejecución y cumplimiento de la Resolución No. ANTAI - AL-037-2023 de 3 de febrero de 2023, reiterando su criterio de que toda la información relativa al uso y manejo de los fondos del Estado  es de carácter público. 

Lo anterior responde a las cuestionadas declaraciones del contralor general de la República, Gerardo Solís, quien defendió la confidencialidad de la lista de los beneficiarios del programa del Ifarhu. 

Solís aclaró que la responsabilidad de no publicar los nombres de los beneficiarios fue una decisión de su administración y está sustentada en tres fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó. 

"En mayo del año pasado me di cuenta que la información estaba siendo utilizada con fines políticos", defendió el contralor.  "Estaban extrayendo información de la base de datos de la Contraloría donde aparecían nombres del estudiante, su cédula y el monto del auxilio económico que recibían.

La Contraloría General ha revisado 4 millones 200 mil documentos de afectación fiscal y se han mandado a corregir cerca de 400 documentos, dentro de esos están los auxilios económicos. 

Cuando un auxilio económico no reúne los requisitos establecidos en los reglamentos del Ifarhu, la Contraloría no lo refrenda, defendió Solís. 

Menos de 50 otorgamientos de auxilios económicos, específicamente 18 casos, están bajo seguimiento de la Contraloría General de la República por presunta discriminación por razón social o política, afirmó este viernes el contralor Gerardo Solís. 

En tanto, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, también defendió el programa de auxilio económico que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y propuso ajustes a los criterios mediante los cuales se otorgan.

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