Bernal sobre examen de barra: estoy seguro que muchos magistrados y jueces no lo pasan

Estudiantes de derecho y académicos han manifestado su oposición al controvertido examen de barra, impuesto por la Ley 350 de 2022, ya que lo que consideran una medida inconstitucional y perjudicial para la formación jurídica en Panamá. 

En una reciente intervención ante la Asamblea Nacional, el profesor universitario Miguel Antonio Bernal denunció la ingerencia de la Corte Suprema de Justicia en funciones académicas que, según él, no le competen y que violan principios fundamentales del Estado de derecho.

Según Bernal, esta medida, que ha sido justificada por la Corte Suprema, representa una intromisión inaceptable en el ámbito educativo, usurpando competencias que pertenecen exclusivamente al órgano ejecutivo y a las universidades.

"El solo apelativo de 'examen de barra' debería causar nuestro rechazo absoluto, puesto que eso no es español y es una traducción errada del 'bar examination' de los países anglosajones", señaló Bernal, quien además cuestionó la legitimidad del proceso al que los estudiantes son sometidos tras culminar sus estudios. 

"La Corte Suprema de Justicia no es una unidad académica, y la sala cuarta, a la cual se le ha asignado este examen, tampoco lo es. Esto socava la confianza pública y hace un daño terrible más allá de lo que se pueda suponer", aseguró.

El académico también subrayó que los estudiantes de derecho ya enfrentan una intensa carga académica, con aproximadamente 70 exámenes a lo largo de sus ocho semestres de estudios y añadir un examen adicional, especialmente uno impuesto por un órgano que no tiene competencias académicas, es, según Bernal, una violación al principio constitucional de separación de poderes y un agravio innecesario a los jóvenes que buscan integrarse al campo profesional.

Además, Bernal denunció que la Ley 350 tiene un carácter retroactivo, afectando a estudiantes que ya estaban en medio de su carrera cuando la normativa fue promulgada. "Se está violando la retroactividad de la ley, imponiendo un requisito que no existía cuando estos estudiantes comenzaron sus estudios", afirmó.

Otro punto de controversia mencionado por Bernal es la inclusión en la Ley 350 de un artículo que permite a abogados extranjeros ejercer en Panamá bajo el pretexto de asesorar en asuntos locales.

Según Bernal, esta disposición atenta contra los intereses de los miles de abogados panameños ya capacitados, generando un riesgo para la profesión y contradiciendo la normativa vigente que exige la nacionalidad panameña para ejercer la abogacía en el país.

"Esta ley viola derechos, garantías y atenta contra el derecho a la educación. No es mejorando la calidad de la enseñanza como se logra profesionalizar una carrera, sino eliminando obstáculos innecesarios y garantizando la autonomía universitaria", concluyó Bernal, quien hizo un llamado urgente a los diputados para reconsiderar las disposiciones de la Ley 350.