Coronavirus en Panamá
Diputados atacan duro a banqueros, quienes reiteran rechazo a ley
Una diputada llama "usureros" y "mentirosos" a banqueros, mientras otro le exige que bajen sus intereses por la pandemia; la banca responde rechazando el proyecto de ley de moratoria.
- Sugey Fernández
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- - Actualizado: 16/6/2020 - 10:14 am
Luego de los fuertes cuestionamientos contra los bancos que se hicieron en el primer día de sesiones extraordinarias para discutir el proyecto de ley 287 de moratoria, los banqueros dijeron que prefieren pactar con sus clientes directamente, sin necesidad de la aprobación de una ley.
Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, señaló que lo mejor sería que los propios bancos solucionen los problemas o lleguen a un acuerdo de pago con sus clientes mediante un entendimiento sobre la moratoria.
La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional sugirió al Pleno, que debatirá el proyecto desde hoy, que se apruebe una moratoria hasta el 31 de diciembre próximo.
En la Comisión, la diputada Zulay Rodríguez llamó "usureros" y "mentirosos" a los miembros de la Asociación Bancaria y les recordó que en otros países los bancos han bajado sus tasas de interés.
Cuestionó cómo las personas se pueden quedar en sus casas, si los bancos, cooperativas y financieras "se la pasan amenazándolas".
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"La moratoria es necesaria para darle tranquilidad a nuestra gente, no podemos permitir que los poderes económicos se sigan burlando del pueblo", enfatizó.'
90
días de moratoria fija el proyecto vetado en el pago de compromisos de bancos, financieras y otros.
90
días de moratoria, pero no prorrogables para el cobro de cánones de oficina y locales.
Mientras que el diputado independiente, Edison Broce, le pidió a los bancos que reconsideren y bajen las tasas de los productos bancarios por la pandemia.
En tanto, el perredista Leandro Ávila señaló que le ve mucha viabilidad al proyecto 287, porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo por la pandemia de COVID-19.
Carlos Berguido, de la Asociación Bancaria, precisó que en la medida en que se promuevan proyectos de ley como el 287, que buscan algún tipo de solución para todos en general, se le quita la oportunidad a los clientes y bancos de llegar a un balance que se ajuste a las verdaderas necesidades de cada uno.
Añadió que no todos los clientes necesitan una moratoria idéntica, ya que habrá algunos que necesiten más de lo que dicta la ley de moratoria y otros que necesiten menos.
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Berguido dijo que a pesar de que ayer ninguno de los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas dirigió sus preguntas a esta asociación, consideró que el proyecto de ley 287 cuenta con artículos que no son convenientes para mantener la sostenibilidad del sistema bancario.
Entre estos, destacó el artículo 2, que señala que la moratoria está dirigida a personas que han perdido su fuente de ingresos, ya sea por salario o por no tener otros emolumentos.
A juicio de Berguido, existen muchas personas que sí están en capacidad de pagar sus compromisos con la banca y con cualquiera de los otros proveedores que se mencionan en el artículo.
Por lo que señaló que es importante que el artículo deje claro que la moratoria solo debe ser acogida por personas que no tienen ninguna capacidad de pagar.
Añadió que el artículo abre la posibilidad a algún tipo de confusión, toda vez que no es específico.
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Sin embargo, la diputada Zulay Rodríguez manifestó que los representantes del sistema bancario en Panamá han demostrado que no les importa con el país, ya que en otras naciones, sí se ha aplicado una real moratoria e impuestos al cero por ciento.
Rodríguez tildó de "sicarios y piratas" a los representantes del sistema bancario y de la empresa privada, ya que no han respetado ningún acuerdo.
Según la diputada, hay empresas que siguen llamando constantemente a sus clientes para el pago de su mensualidad, e incluso la energía eléctrica ha sufrido un alza en medio de la pandemia.
Y mientras en la Comisión de Economía y Finanzas se discutía la parte de incongruencia del proyecto de ley 287, en la Comisión de Gobierno, de manera simultánea, se debatía la parte inexequible de esta iniciativa legislativa.
Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, dijo que han tratado de actuar con prudencia y aceptaron el veto por inexequible, ya que el no hacerlo implica que el proyecto tendría que ser llevado a la Corte Suprema de Justicia para que establezca quién tiene la razón, si el Ejecutivo o la Asamblea Nacional.
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