El impacto socioeconómico que dejan protestas en 5 claves

La cuestionada renovación del contrato minero con una filial de una empresa canadiense tiene sumido a Panamá en una oleada de protestas que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, además de dejar pérdidas millonarias por el corte de carreteras en el país.

Explicamos en cinco claves el impacto socioeconómico de estas manifestaciones en rechazo al acuerdo con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM):

1. Las mayores protestas de las últimas décadas
La aprobación en apenas tres días de ese polémico contrato el pasado 20 de octubre desató una oleada de protestas, las mayores en las últimas décadas, lideradas por ambientalistas, jóvenes y sindicatos.

La situación obligó a las autoridades a buscar una salida a la crisis con una moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y paraliza las que están en trámite, una de las exigencias de los manifestantes. Además dejaron en manos del Tribunal Supremo la posible declaración de inconstitucionalidad del contrato con FQM.

A pesar de ello, la protestas continúan, viviéndose esta semana una de las jornadas más trágicas con la muerte de dos manifestantes en un tiroteo durante el bloqueo de una carretera, elevando a cuatro los fallecidos en 18 días de movilizaciones.

2. La Panamericana bloqueada
El rechazo al polémico contrato se ha visto reflejado en constantes bloqueos a la carretera Panamericana, la principal vía del país al conectarlo de norte a sur y con el resto de Centroamérica.

Estos bloqueos han generado desabastecimiento de productos básicos en algunos centros urbanos, como Ciudad de Panamá, donde se han disparado los precios ante la escasez de productos.

El Gobierno, en conjunto con los estamentos de seguridad, ha creado un corredor logístico por vía aérea y marítima para llevar insumos médicos, combustible, gas y alimentos.

Actualmente, el bloqueo más fuerte está en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica y considerada como el granero del país, donde se denunciaba que unos 900 camiones permanecían parados en la carretera.

Ante los aislados casos de vandalismo y saqueo, los negocios, bancos, centros comerciales y el sector hostelero se han tenido que blindar con planchas de madera.

3. Un golpe a la economía panameña
Los gremios empresariales de Panamá estiman unas pérdidas de hasta 90 millones de dólares al día debido a esta situación irregular que atraviesa el país centroamericano.

El sector turístico ha sido uno de los más golpeados, con 200 millones de dólares en pérdidas después de que más de 68.000 turistas cancelaran hasta enero sus visitas al país, incluyendo participantes en congresos y convenciones. El gremio hotelero calculó en 13 millones de dólares las pérdidas solo para ese sector.

El golpe económico de las protestas ha sido recogido por calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s (S&P), que rebajó de “estable” a “negativa” la perspectiva ante el “riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a las futuras inversiones privadas”.

El pasado 31 de octubre, Moody’s vinculó el cumplimiento en 2023 del objetivo del déficit del 3 % del PIB establecido en la regla fiscal, con el ingreso al fisco de 770 millones de dólares (0,9 % del PIB) por el contrato con Minera Panamá. Las autoridades proyectaban que este contrato ley “proporcionaría regalías por 375 millones de dólares (0,4 % del PIB) anuales en los próximos años”.

4. Un rechazo completo a la actividad minera
Los manifestantes no solo rechazan el nuevo contrato sino toda actividad minera, sosteniendo que los grandes aportes económicos no compensan los daños ambientales a Panamá, donde la cobertura boscosa alcanza el 68 % del territorio.

Sin embargo, el rechazo a la minería ha puesto también sobre el tapete la relevancia económica que tiene la explotación por parte de FQM de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

La Cámara Minera de Panamá defiende esa actividad y la renovación del contrato, por los grandes beneficios económicos que supondría. Según datos oficiales, la minería aportó un 13,2 % al PIB desde 2017 a 2022.

Desde que Minera Panamá comenzó a producir en 2019, el sector minero ha representado alrededor del 80% de las exportaciones de ese país.

En Panamá hay al menos una decena de proyectos mineros con un “enorme potencial en depósitos minerales de oro y cobre principalmente”, según el gremio minero, que defiende que el país “se caracteriza por poseer abundantes recursos minerales debido a su emplazamiento geológico”.

5. La Corte Suprema de Justicia, ante la decisión final
La Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene en sus manos el futuro del nuevo contrato, después de que los diputados desistieran de tumbarlo por la vía parlamentaria.

El máximo órgano de justicia del país ha admitido casi una decena de demandas de inconstitucionalidad contra ese pacto como lo hizo con el anterior de 2017.

Ambientalistas y juristas alegan que el fallo de inconstitucionalidad sobre ese contrato pondría en una situación más ventajosa el Estado panameño frente a una posible arbitraje internacional por parte de la minera por incumplimiento del contrato.

Las consecuencias económicas, según el gremio minero, de llegar hasta un arbitraje internacional con la multinacional canadiense estarían sobre los 50.000 millones de dólares, teniendo en consideración la inversión de 10.000 millones.

También se estima un aumento del riesgo país con la eventual pérdida del grado de inversión, bajada de los bonos panameños y el deterioro de las finanzas públicas.

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