Human Rights Watch pide a Panamá "garantizar" que Cuba no viole derechos de médicos cubanos

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, le pidió este lunes a Panamá que garantice que Cuba "no viole los derechos" de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra la COVID-19 en el país centroamericano.

HWR recordó que un informe de esta ONG de julio pasado da cuenta de que "el gobierno cubano impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales", y que en 2019 la ONU dijo que este personal sanitario podría ser víctima de "trabajo forzoso".

"Panamá no puede ser cómplice de violaciones de DDHH del régimen cubano. Su gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá", expresó Vivanco.

CUBA IMPONE LIMITES "SEVEROS" A LAS LIBERTADES DE LOS MÉDICOS

De acuerdo con el informe de la HRW, las reglamentaciones oficiales cubanas "establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablan 'amistad' con personas que tengan 'opiniones hostiles o contrarias a las de la revolución cubana'" y también "si 'abandonan' su trabajo", entre otras.

"Las sanciones previstas para quienes cometan infracciones disciplinarias van desde la retención de salarios hasta la expulsión de la misión y el regreso a Cuba", indicó HRW.

Agregó que "el Código Penal de Cuba prevé que el personal médico que 'abandone' su trabajo puede ser objeto de procesos penales y penas de hasta ocho años de cárcel, una medida que resulta absolutamente desproporcionada y que afecta el derecho a la libertad de los trabajadores de la salud cubanos".

HRW recalcó además que en noviembre de 2019, las Relatoras Especiales de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud analizaron el asunto e "indicaron que habían recibido información, incluso de primera mano, sobre condiciones laborales que "podrían elevarse a trabajo forzoso".

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"Los gobiernos que solicitan asistencia de trabajadores de la salud cubanos para responder a la pandemia de COVID-19 deben exigir a las autoridades cubanas que reformen las leyes y reglamentos aplicables que vulneran, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y el libre movimiento", dijo la ONG global en su informe.

LA MISIÓN MÉDICA CUBANA EN PANAMÁ

El pasado 24 de diciembre llegó a Panamá un contingente de 220 médicos especialistas cubanos -intensivistas, cardiólogos, neumólogos e internistas, según la información disponible- el primero de varios grupos contratados para fortalecer la lucha contra la pandemia en el país centroamericano.

Panamá, un país de 4,2 millones habitantes que acumula 231.357 casos de la covid-19 y 3.840 muertos, vive un fuerte repunte de la pandemia que las autoridades están enfrentando con la imposición de nuevas cuarentenas.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció el pasado 15 de diciembre la contratación de especialistas extranjeros alegando que se están adecuando instalaciones para el creciente número de pacientes infectados con el nuevo coronavirus pero no hay personal suficiente para atenderlos.

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La contratación de los cubanos se basa en un acuerdo bilateral que prevé la venida a Panamá de 10 equipos médicos -no se precisa la cantidad de personal por equipo- por un periodo de tres meses prorrogables, lo que tendrá un costo mensual de 591.197 dólares, según una resolución oficial difundida por medios locales.

"Bienvenidos. Espero que cumpliendo con nuestras leyes panameñas se les pague directamente a ellos (los médicos cubanos) y no al Gobierno cubano. En Panamá se abolió la esclavitud 70 años antes que en Cuba", dijo la exlegisladora Teresita Yániz de Arias.

Además de cubanos, el Gobierno panameño ha dicho que pretende contratar médicos de Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, una medida que causa mucha polémica en Panamá debido a que la medicina es una de las decenas de carreras y oficios reservadas por ley solo para nacidos en el país centroamericano.

Así, el mismo 24 de diciembre el decano universitario Enrique Mendoza renunció como miembro del Consejo Consultivo para el combate a la COVID-19 debido a la contratación de especialistas extranjeros, alegando que se hizo en abierta violación con las leyes vigentes.

El Ministerio de Salud ha negado violación alguna de las leyes y ha afirmado que la situación de emergencia por la covid le faculta para actuar en consecuencia.