Irregularidad apunta a última firma del exministro de Ambiente, Emilio Sempris

El exministro de Ambiente, Emilio Sempris, esperó el último minuto en su cargo para aprobar el estudio de impacto ambiental de un proyecto de más de 300 millones de dólares en 600 hectáreas de tierras ubicadas al lado este del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Se trata del proyecto Panamá Global City, un centro logístico de alta tecnología que busca ser construido en Tocumen, pero que esperaba su aprobación de estudio de impacto ambiental desde el 29 de agosto de 2016.

La larga espera generó pérdidas por más de 27 millones de dólares al grupo original que estructuró el proyecto y que estaba encabezado por el venezolano Carlos Sultán.

La demora o falta de respuesta de MiAmbiente forzó que el proyecto pasara a otras manos, un grupo encabezado por el empresario Jorge Araúz.

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Un contrato permitía que el grupo de Jorge Araúz asumiera la sociedad que desarrollaría el proyecto si en un periodo de tiempo no se conseguían los permisos.

Aparte de la falta de respuesta de MiAmbiente en más de dos años, hasta ese entonces PGC Developers no preveía que detrás de ellos podría haber una jugada irregular.

Pero las primeras piezas de este enrollo empiezan a poner al descubierto un posible negociado en donde se habrían manipulado los tiempos en la aprobación de un estudio de impacto ambiental para despojar del proyecto al grupo encabezado por Carlos Sultán y dejar al frente al empresario Jorge Araúz.

De acuerdo con los representantes del grupo venezolano PGC Developers S.A., en todo momento el expresidente Juan Carlos Varela estuvo informado del proyecto y hasta les prometió ayudarlos con los permisos, ya que toda la documentación estaba presentada.

¿Por qué Emilio Sempris esperó hasta la última semana de la administración de Juan Carlos Varela para firmarlo? Para PGC Developers todo es parte de una jugada, en donde una vez más se viola la seguridad jurídica de Panamá.

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La empresa admite que el contrato para la compra de las tierras al señor Jorge Araúz estaba comprometido a la aprobación de todos los permisos del proyecto en un periodo de tiempo establecido, el cual venció a mediados de mayo.

Fue así como el grupo de Jorge Araúz tomó el control del proyecto Panamá Global City, pero un mes después MiAmbiente retomó el interés por el proyecto.

A las 10 de la mañana del pasado 26 de junio, Emilio Sempris firmó el estudio de impacto ambiental del proyecto Panamá Global City, y además reconoció el cambio de dueño de PGC Developers S.A. por el Grupo Alado de Inversiones S.A., cuyo presidente es Jorge Araúz y su hija Ana Isabel Araúz.

Para PGC Developers, la actuación del exministro de Ambiente puede formar parte de un plan para despojarlo ilegalmente del proyecto donde él personalmente había invertido 6 millones de dólares.

Incluso el grupo afectado dijo que este supuesto negociado puede haber tenido complicidad a lo más alto del gobierno de Juan Carlos Varela, por lo que se presentarán las acciones legales correspondientes de parte de cada empresa que era parte de la sociedad promotora original.

Afirman que el estudio de impacto ambiental de Panamá Global City siempre cumplió con todos los requisitos, por lo que el periodo que permaneció congelado en MiAmbiente no tiene explicación ni sustento. Mucho menos se explican cómo un mes después se aprueba expeditamente cuando ya los dueños eran otros, y no solamente eso, avala el cambio de sociedad promotora, controlada totalmente por la familia Araúz.

Se conoció que los inversionistas de PGC Developers habían desarrollado un trabajo por más de cinco años convocando a inversores extranjeros, muchos de los cuales firmaron cartas de "intención" para participar directamente del proyecto, además de hacer una inversión significativa para el desarrollo de estudios y trámites de los permisos necesarios.

"Durante casi tres años se hizo seguimiento constante a la solicitud de aprobación del estudio de impacto ambiental, inclusive se introdujeron cartas en el Ministerio de Ambiente donde se manifestaba la preocupación por su falta de respuesta, aun cuando se habían cumplido todos los requisitos y agotado todas las etapas del proceso reglamentadas por la ley", señala el empresario Carlos Sultán.

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