Falta de insumos médicos y medicamentos es la constante queja de los asegurados hacia el servicio que presta la entidad médica en todo el país.
Para los asegurados sería provechosa la prontitud en la compra de medicamentos, pero es difícil confiar en el sistema. /Foto: Panamá América
La Asamblea Nacional le dio la potestad a la Caja de Seguro Social (CSS) de realizar compras de insumos y medicamentos fuera de la Ley de Contrataciones Públicas, para tratar de solventar lo más pronto posible la crisis total que vive la institución.
Todo se dio luego de que los diputados de la República aprobaran el proyecto de ley 659 sobre el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018-2019, que ascendió a $23 mil millones 669 mil.
Durante las últimas horas de esta primera legislatura se discutieron varios artículos del proyecto de ley. La CSS entró en juego cuando se discutió el 34, el cual dispone que las entidades públicas puedan realizar contrataciones directas, sin necesidad de aplicar la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas.
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En teoría, con el trámite se buscaría solventar la escasez de insumos y medicamentos en ciertos renglones creando molestia en la población asegurada, pero algunos sectores de la población no están de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea Nacional.
"Se puede prestar para la materialización de sobre- precios y contratación directa", explicó el abogado Ernesto Cedeño.
Con base en eso, representantes de gremios de jubilados han dejado claro que esa decisión, a juicio de ellos, no mejoraría los problemas que aquejan a los asegurados en las distintas entidades de la CSS.'
Claves
22 de 2006 es el número de la ley que regula las contrataciones públicas que puedan realizar las entidades de gobierno.
80 por ciento de la población que está asegurada utiliza los servicios de la CSS.
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"Quién me asegura a mí que lo que ellos vayan a comprar no tiene un precio más alto al regular, costo que se paga de mis impuestos, y seguramente cuando me toque usarlo a mí, no estará disponible", explicó Jaime Quiroz, representante de los jubilados y pensionados.
Ellos no quieren promesas ni leyes que luego van a incumplir, sino que la situación de la CSS mejore, y además de medicamentos, tengan una buena atención cada vez que acuden a un centro hospitalario.
Para los gremios sociales, la situación de potestad dada a la CSS tendría reacciones ambiguas, ya que por un lado sería beneficioso por la rapidez en que podrían llegar los medicamentos e insumos que no hay, pero por el otro, no hay seguridad de que los trámites se hagan por lo legal.
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La duda general es que el poco fondo que queda en las arcas de la CSS sea utilizado para compras directas como un paliativo al déficit que hay y no se guarde reserva para afrontar el próximo año, cuando se comience a pagar el préstamo millonario.
Pero, en su momento, Priscila Vásquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la CSS, consideró que "la crisis debe resolverse a través de medidas urgentes, como por ejemplo, la compra directa de medicamentos fuera del país para poder proveer esos medicamentos con base en la necesidad y no con base en una ley que permite se den impugnaciones por parte de los proveedores".
Pero hay quienes van más allá y señalan que esa podría ser una medida desesperada, que el pueblo exija la privatización de la entidad médica que cubre al 80% de la población panameña.
Según datos de la propia CSS, para el 2019, el presupuesto de inversión y mantenimiento de la CSS, que contempla las prestaciones para asegurados y sus dependientes sería de $5,723.3 millones.
"Allí hay algo raro, con tanto dinero que mueve la CSS, cómo es posible que no haya medicinas básicas ni para dormir o para la hipertensión", cuestionó Quiroz, quien apunta que la falta de medicamentos es una de las principales razones por las cuales los jubilados están peleando la sanción del proyecto 621 de aumento a pensiones.
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